El avance de la causa penal por presunta corrupción sistémica en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un arsenal de evidencias materiales que exponen una matriz delictiva perfectamente aceitada. El cruce de datos informáticos ejecutado por la Justicia Federal determinó que la estructura investigada operaba mediante un esquema de cartelización y peajes ilegales fijos que alcanzaban la quinta parte del valor total de cada contratación de insumos médicos básicos, como prótesis, andadores y sillas de ruedas, destinados a sectores vulnerables.
La columna vertebral de la acusación, impulsada por el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, se sustenta en la equivalencia matemática exacta entre los desembolsos del organismo estatal y los documentos internos secuestrados a Miguel Ángel Calvete, sindicado como el lobista e intermediario financiero clave del circuito. Las pericias revelaron que Calvete recibía información privilegiada sobre el estado de las liquidaciones oficiales por parte de funcionarios jerárquicos de la ANDIS, entre los que destaca Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud. En un mensaje explícito incorporado al expediente, Garbellini le anticipó al intermediario una planilla con el detalle de diez empresas contratistas bajo la frase: “Sus ofrendas de esta semana”. Ese mismo día, el organismo liberó de manera efectiva 16 certificados de pago que sumaban exactamente los 2.021 millones de pesos consignados en dicho texto.
Los cobros indebidos quedaron documentados en los dispositivos electrónicos de los imputados a través de anotaciones directas que no dejan margen al equívoco. En un intercambio con la firma «Artrobone Ortopedia S.A.», la Justicia detectó que tras emitirse dos pagos estatales que sumaban 33 millones de pesos, la titular de la empresa remitió a Calvete un desglose manuscrito donde se asignaban 6,6 millones de pesos bajo el ítem “Miguel”, cifra que representa matemáticamente el 20% exacto de la operación. Idéntica operatoria se constató con la firma «Expo Trauma S.A.» en una transacción de sillas de ruedas por 115 millones de pesos, donde los archivos consignaban textualmente el recordatorio: “Miguel 20% ($23.000.000)”. El andamiaje delictivo requería además de opacidad administrativa, razón por la cual las licitaciones eran procesadas bajo un sistema informático propio denominado Siipfis, eludiendo deliberadamente su publicación obligatoria en la plataforma nacional Compr.Ar para sustraer los contratos del escrutinio social.
La dimensión económica del fraude se complementa con la aplicación de sobreprecios que, según auditorías internas del Ministerio de Salud, treparon en ciertos rubros hasta un inédito 4.239%, como ocurrió con las facturas emitidas por la firma «Ortopedia Bernat». Los retornos eran enmascarados de manera formal mediante la emisión de facturas cruzadas por servicios inexistentes —como el reacondicionamiento de camas ortopédicas— emitidas por la sociedad «Indecomm», vinculada directamente a Calvete. Mientras las defensas de los 49 imputados, incluidos los representantes del extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo, apuestan su estrategia procesal a solicitar la nulidad absoluta de los allanamientos y las escuchas telefónicas, la acumulación de constancias documentales y bancarias independientes consolida la hipótesis de un millonario desvío de fondos públicos ejecutado a expensas de las prestaciones de salud del Estado.
