Mendoza es la primera provincia de la Argentina que está en condiciones de implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil, la norma promulgada el 9 de marzo de 2026 y que baja la edad de imputabilidad.
La provincia firmó convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia de la Nación a partir del cual incorpora nuevas herramientas para fortalecer el proceso de adecuación normativa e institucional que la Provincia viene desarrollando desde hace meses.
En ese marco, Mendoza conformó una mesa técnica interdisciplinaria que ya cuenta con un borrador del proyecto de ley provincial, el cual será presentado próximamente. La propuesta establece las condiciones necesarias para avanzar en la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia.
“Mendoza es la primera provincia del país en estar en condiciones de firmar este convenio con la Nación. Venimos trabajando desde hace tiempo en la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil y este acuerdo nos da más herramientas para seguir fortaleciendo ese proceso”, destacó la ministra de Seguridad Mercedes Rus.
Herramientas para la implementación del Régimen Penal Juvenil
El convenio establece acciones conjuntas entre la Nación y la Provincia mediante asistencia técnica, intercambio de información, desarrollo de proyectos de cooperación y actividades de capacitación para los operadores que intervienen en el sistema.
Uno de los principales avances será la disponibilidad recíproca de supervisores especializados, figura creada por la Ley Nacional de Régimen Penal Juvenil y encargada del seguimiento, asistencia y control de adolescentes sometidos a medidas o penas.
A partir del acuerdo, Mendoza podrá contar con supervisores de la Nación cuando las necesidades del sistema así lo requieran. Del mismo modo, los profesionales de la provincia podrán desempeñarse en causas de competencia federal.
Además, el Ministerio de Justicia de la Nación pondrá a disposición de Mendoza la plataforma informática desarrollada para la gestión y el seguimiento de estos casos. Esta herramienta permitirá optimizar el control de las medidas, unificar criterios de gestión y fortalecer la producción de información para el seguimiento del régimen.
Capacitación certificada para los operadores
Como parte de la implementación del convenio, el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas trabajarán de manera conjunta para que las capacitaciones se desarrollen a través del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).
De esta manera, los trayectos formativos contarán con certificación oficial y otorgarán puntaje a quienes los realicen, tanto operadores del sistema como otros destinatarios de las capacitaciones.
“La implementación de este régimen requiere equipos preparados y criterios comunes para intervenir en situaciones complejas. Por eso, las capacitaciones que se desarrollen a través del IPAP tendrán certificación oficial y otorgarán puntaje a quienes las realicen. Es una forma de reconocer la formación de los operadores y, al mismo tiempo, asegurar que el sistema cuente con profesionales cada vez mejor preparados para acompañar, supervisar y dar seguimiento a cada caso”, sostuvo, por su parte el Ministro de Educación de Mendoza, García Zalazar.
