La minería se ha consolidado como uno de los pilares económicos más elogiados por la administración de Javier Milei, posicionándose junto al sector agropecuario y a Vaca Muerta como una de las grandes fuentes de divisas genuinas para el país. Sin embargo, un análisis detallado del sector revela que la actividad no avanza de manera uniforme. Cada mineral enfrenta una realidad particular, dictada por sus propios ciclos globales de inversión, limitantes de infraestructura regional y trabas impositivas específicas que actúan como verdaderos cuellos de botella para el «despegue definitivo».
El caso del cobre es el que concentra las mayores promesas, traccionado por anuncios de inversión históricos que superan los US$ 18.000 millones en provincias como San Juan. No obstante, el gigante rojo choca contra una barrera estructural: la energía. Los proyectos cupríferos demandan líneas de alta tensión aún no ejecutadas o trabadas por resoluciones regulatorias de organismos de control energético, un factor crítico cuya viabilidad financiera depende directamente de que estas obras de infraestructura básica se concreten en el corto plazo.
En la vereda opuesta se encuentran el oro y la plata, metales tradicionales que atraviesan un panorama mucho más complejo. Mientras el oro padece una preocupante escasez de nuevos proyectos de exploración en marcha, la plata enfrenta un escenario de cierres inminentes de yacimientos. Para este último mineral, el principal obstáculo es fiscal: sigue afectado por derechos de exportación del 4,5%. Desde las cámaras empresarias del sector señalan que mantener estas retenciones atenta directamente contra la sustentabilidad de operaciones maduras que necesitan con urgencia incentivos para prolongar su vida útil.
Por último, el litio, el llamado «oro blanco», continúa en plena expansión con inversiones que rondan los US$ 9.000 millones. Sin embargo, al igual que la plata, carga con el peso de las retenciones a la exportación. Este gravamen contradice, según los analistas del mercado minero, la lógica de incentivos y estabilidad fiscal a largo plazo que el Gobierno nacional busca consolidar a través de herramientas de promoción a gran escala como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), evidenciando que las oportunidades mineras locales son tan reales como los desafíos pendientes de resolución.
