La investigación judicial sobre la evolución patrimonial y los gastos del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un testimonio clave en los tribunales de Comodoro Py. Laura Schiuma, actual directora general de Actividades Presidenciales dentro de la estructura de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno, declaró formalmente ante las autoridades judiciales y ratificó que facilitó su tarjeta de crédito personal para que su entonces superior directo adquiriera un monitor para videojuegos de alta gama.
La maniobra, que había sido detectada de forma preliminar por los investigadores, consistió en la compra de un monitor Gamer de 27 pulgadas marca Samsung Odyssey Oled G8 el 19 de agosto pasado, a través de la plataforma Mercado Libre. De acuerdo con el relato que Schiuma volcó ante los funcionarios de la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita, el valor total de la transacción ascendió a $2.184.999,05. La funcionaria pública —quien recibió un ascenso transitorio dentro de la estructura estatal en 2024 bajo la órbita del propio Adorni— especificó que, con posterioridad al cierre de la operación virtual, el exjefe de ministros le reembolsó la totalidad del dinero en efectivo.
Para los encargados de la pesquisa judicial, este modus operandi no constituye un hecho aislado, sino que respondería a una estrategia deliberada por parte del exfuncionario para eludir el registro de consumos a su nombre en plataformas comerciales y entidades financieras, considerando que al momento de efectuarse las transacciones poseía un sueldo neto de 3,5 millones de pesos. Los registros analizados en la causa penal exponen que, solo una semana antes de la compra del monitor, el 13 de agosto de 2025, se registraron adquisiciones idénticas de dos proyectores marca Epson Home Cinema 4K. Para estas últimas transacciones se emplearon las tarjetas de crédito de Luis Enrique Aluju, otro funcionario de rango medio con designación transitoria en el área de comunicación oficial.
La hipótesis del ocultamiento de gastos adquiere mayor sustento con otras pruebas recolectadas en el expediente, que incluyen operaciones en efectivo de montos significativamente superiores. Entre ellas, la Justicia documentó que el 2 de junio del año pasado otra colaboradora directa, Gisela Kocsis, abonó en efectivo la suma de $8.183.383 en un comercio dedicado a la venta de sommiers y ropa blanca. Dicho equipamiento estaba destinado a la vivienda de fin de semana que la familia Adorni adquirió en el country Indio Cua.
Los investigadores accedieron a los comprobantes de estas operaciones tras proceder al peritaje técnico del teléfono celular de Matías Tabar, el contratista a cargo de las refacciones edilicias en la mencionada propiedad de fin de semana. Del análisis de los flujos de mensajería analizados por la fiscalía de Pollicita, se desprenden comunicaciones donde el exjefe de Gabinete intentaba coordinar con el constructor el tenor de las futuras declaraciones testimoniales. Finalmente, la declaración de Tabar comprometió la situación del exvocero al constatar que las remodelaciones de la finca se cancelaron mediante desembolsos en efectivo que alcanzaron los 245.929 dólares.
