El avance de los proyectos estratégicos de gran escala en el país comenzó a cristalizar una tensión subterránea pero cada vez más palpable: la dificultad de la industria nacional para competir frente a los costos globales en un esquema de libre mercado. El escenario de disputa, que meses atrás tuvo su primer capítulo en Vaca Muerta con la compra de caños indios en detrimento de Techint, se trasladó ahora al corazón de la minería en San Juan. Empresarios locales encendieron las alarmas y acusaron formalmente un escenario de «competencia desleal» luego de que el consorcio a cargo del megaproyecto cuprífero Vicuña adjudicara su primera licitación millonaria a un conglomerado estatal chino.
La controversia, revelada por el periodista Horacio Riggi en el diario Clarín, gira en torno a la construcción del campamento para 2.300 operarios del yacimiento de cobre, oro y plata operado por Vicuña Corp —una alianza estratégica constituida a principios de 2025 entre la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP—. La obra contempla el montaje de 23.000 metros cuadrados de estructuras modulares habitacionales. En la puja final, el consorcio liderado por la estatal asiática PowerChina, en sociedad con Beijing Chengdong y la constructora santafesina RAFA S.A., se alzó con el contrato al cotizar un valor de 52 millones de dólares, dejando fuera de carrera a la firma argentina Modular Homes, cuya propuesta ascendía a 70 millones de dólares.
La adjudicación desató el malestar inmediato de la Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada. Desde la entidad fabril argumentan que la brecha de 18 millones de dólares a favor de las firmas orientales no responde a una mayor eficiencia productiva, sino a los agresivos subsidios que el gobierno de Beijing otorga a sus empresas de exportación, sumados a la elevada carga impositiva distorsiva que todavía pesa sobre las pymes locales. Asimismo, los industriales locales cuestionaron el impacto de las facilidades que otorga el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el ingreso de bienes de capital importados, advirtiendo que el entramado local corre el riesgo de quedar marginado en los eslabones de mayor valor agregado dentro de la prometida inversión de 18.000 millones de dólares que demandará el yacimiento sanjuanino.
Desde la conducción de Vicuña Corp desmintieron tajantemente que la decisión haya estado influenciada por ventajas arancelarias o exenciones específicas del RIGI. A través de un descargo corporativo, la operadora minera defendió el rigor del proceso licitatorio y aseguró que la propuesta del consorcio chino-argentino fue seleccionada estrictamente por presentar el mejor costo total de propiedad, garantizando además el cumplimiento de exigentes estándares de seguridad, cronogramas técnicos y gestión de riesgos. Con el fin de aplacar el conflicto de matriz local, la compañía remarcó que el 93% de la mano de obra directa del proyecto es de nacionalidad argentina y que casi el 80% de ese personal reside en la provincia de San Juan.
La encrucijada sectorial se enmarca en un debate de fondo respecto del rumbo económico implementado por la gestión de Javier Milei. Mientras la Unión Industrial Argentina (UIA) reporta caídas continuas en los niveles de actividad y demanda medidas de alivio frente a la asimetría cambiaria e impositiva, desde el Palacio de Hacienda ratifican que las reglas de la libre competencia y el ordenamiento macroeconómico son innegociables. Javier Milei exhibe con firmeza la desaceleración inflacionaria del 2,1% registrada en mayo de 2026 y la consecuente baja del riesgo país tras la mejora en la calificación de la deuda soberana como las herramientas estructurales definitivas para que el empresariado local recupere su propia competitividad global, sin necesidad de recurrir a viejos esquemas de protección estatal.
