La maquinaria de ejecución patrimonial de los tribunales federales de Comodoro Py ha dado un paso determinante en la causa conocida como «Vialidad». El tribunal que ejecuta la pena impuesta a la ex presidenta y ex vicepresidenta de la Nación solicitó de manera formal y urgente un informe bancario integral al Banco Galicia. El objetivo técnico es constatar el estado de las cuentas y las cajas de seguridad adjudicadas a su hija, Florencia Kirchner, un requisito indispensable para proceder al decomiso efectivo del dinero de origen ilícito, en línea con lo dispuesto por la Cámara Federal de Casación Penal.
El foco de la requisitoria judicial se posa sobre una masa de divisas que permanece bajo medidas cautelares y que las pericias identificaron dentro de la esfera de custodia de la entidad financiera privada. En concreto, el requerimiento busca actualizar los saldos y las condiciones jurídicas de una caja de seguridad que contenía 4.664.000 dólares, sumada a una caja de ahorro complementaria con un depósito de 992.134 dólares y una cuenta en moneda nacional por 53.280 pesos. La certificación formal de estos activos es el paso previo exigido por el ordenamiento procesal para habilitar la transferencia definitiva de los fondos a las arcas estatales, bajo la figura de recupero del perjuicio patrimonial infligido a la administración pública.
Esta embestida judicial sobre los activos líquidos no constituye una acción aislada, sino que integra la denominada «segunda etapa» del decomiso ordenado para resarcir el fraude histórico en la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz. Además del dinero bajo titularidad de Florencia Kirchner, el esquema de incautaciones ratificado por los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky incluye complejos inmobiliarios y bienes comerciales de alto perfil vinculados al entramado empresarial familiar, entre los que sobresalen el hotel «Alto Calafate» y la propiedad ubicada en la calle San José 1111, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El avance del tribunal ejecutor se produce a pesar de la férrea resistencia legal opuesta por el cuerpo de defensores de la ex mandataria, quienes en los últimos días interpusieron un recurso de queja ante el máximo tribunal del país con la intención de suspender provisionalmente la quita de su patrimonio. No obstante, las instancias de apelación han convalidado que la ejecución penal debe proseguir de acuerdo con los plazos previstos, sosteniendo doctrinariamente que el decomiso de los activos no solo busca recuperar el perjuicio económico directo, sino también plasmar de manera taxativa que quienes se beneficiaron de maniobras criminales de corrupción pública no pueden conservar —bajo ninguna modalidad de interposición de personas o resguardo societario— las ventajas financieras obtenidas de forma ilegítima.
