La situación judicial y política del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresó en un terreno de extrema complejidad tras confirmarse nuevos hallazgos en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. El equipo del fiscal Carlos Pollicita, con el apoyo técnico de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, comprobó que el funcionario recibió transferencias de fondos en criptomonedas en sus cuentas privadas durante el año 2024, período en el cual ya se desempeñaba como miembro destacado del Poder Ejecutivo. Las transacciones, detectadas tras el levantamiento legal del secreto fiscal y bancario, se realizaron mediante las plataformas Lemon y Binance por montos que superan los 100 mil dólares.
Esta revelación derriba la estrategia inicial del ministro, quien recientemente se presentó en una entrevista televisiva en LN+ para ensayar una suerte de confesión pública. En dicha aparición, Adorni admitió haber omitido declarar sus verdaderos bienes del pasado y argumentó que su actual fortuna —estimada en un incremento superior al medio millón de dólares— se originó gracias a un oportuno «golpe de dados» en inversiones de Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, fondos que conservaba «en negro» fuera del circuito regulado. Sin embargo, para los sabuesos de los tribunales de Comodoro Py, estos nuevos movimientos no tienen relación con aquel supuesto «trofeo» del pasado; se trata de flujos de dinero posteriores que habrían ingresado a sus cuentas ya siendo funcionario público y que luego egresaron reconvertidos a moneda dura.
El principal foco de sospecha de la Justicia se posa sobre la procedencia y el destino final de esos activos. Los investigadores buscan determinar si esos movimientos en las billeteras virtuales funcionaron como la vía de financiamiento para los cuantiosos gastos en dólares billete que el jefe de Gabinete de Javier Milei ejecutó en el último año y medio. De acuerdo con las pruebas recolectadas, declaraciones testimoniales e informes comerciales, Adorni realizó recurrentes transacciones de alta gama abonando estrictamente en efectivo y con dólares «cash». Entre los desembolsos analizados figuran costosos viajes familiares a Aruba —donde gastó miles de dólares en pasajes y hotelería de lujo— y las onerosas obras de remodelación en su propiedad del country Indio Cua, que incluyeron la instalación de cascadas y jacuzzis, pagadas personalmente en mano al contratista a cargo de la obra.
Ante la falta de bancarización, facturas de respaldo y documentación legal que justifique la trazabilidad del efectivo utilizado, el futuro inmediato del funcionario se encamina de forma ineludible hacia la citación para un «requerimiento de justificación de patrimonio», una instancia previa al llamado a declaración indagatoria en casos de enriquecimiento ilícito. Mientras la oposición parlamentaria redobla la presión para activar mecanismos de interpelación en el Congreso y los aliados políticos toman distancia del escándalo, en los pasillos de la Justicia de la Nación prevalece la incredulidad sobre las sucesivas rectificaciones patrimoniales presentadas a contrarreloj por el jefe de Gabinete, cuyas explicaciones públicas carecen, por el momento, de solidez jurídica.
