La estrategia oficial para consolidar la transformación económica sumó una pieza clave con el ingreso parlamentario del proyecto «Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias», rebautizado como el «Súper RIGI«. Con un plazo de vigencia previsto para cinco años si logra el aval legislativo, el plan apunta directamente a capturar proyectos de gran envergadura vinculados a fronteras tecnológicas y productivas que hoy no operan en la Argentina. Desde inteligencia artificial, semiconductores y biotecnología avanzada, hasta reactores nucleares modulares, vehículos eléctricos y la cadena de valor del litio, el texto oficial delimita de forma taxativa que el beneficio será exclusivo para actividades nuevas o de carácter experimental, dejando fuera cualquier posibilidad de aplicar las ventajas a ampliaciones o modernizaciones de plantas e instalaciones existentes.
Para calificar dentro de este nuevo ecosistema, los inversores corporativos deberán conformar «Vehículos de Proyecto Único» y comprometer un desembolso base de 1.000 millones de dólares, del cual se exige la ejecución de al menos el 20 por ciento durante los primeros dos años posteriores a la adhesión. A cambio de semejante esfuerzo de capital, el Gobierno diseñó un paquete de estímulos fiscales que supera sustancialmente al RIGI original: la alícuota del Impuesto a las Ganancias se reduce drásticamente al 15 por ciento (frente al 25 por ciento del régimen previo), se habilita la amortización acelerada sin límites temporales para deducir quebrantos y la carga sobre dividendos cae a un mínimo del 3,5 por ciento transcurridos cuatro años del inicio. Además, el ministro Luis Caputo definió que las iniciativas contarán con exenciones totales de derechos de importación y exportación, complementadas con un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas que alcanzará el 100 por ciento al tercer año del inicio de la operatoria comercial.
La arquitectura jurídica del Súper RIGI no solo se limita a lo tributario, sino que busca garantizar previsibilidad a largo plazo mediante un blindaje normativo de 30 años que cubre aspectos cambiarios, aduaneros y de seguridad social, respaldado por la opción de resolver eventuales litigios con el Estado en tribunales de arbitraje internacional. No obstante, el éxito territorial de la medida dependerá de una compleja ingeniería política, ya que las provincias y los municipios deberán convalidar expresamente la ley en sus legislaturas y deliberativos. Como condición para su articulación, la normativa nacional exige a los gobiernos locales compromisos explícitos de moderación fiscal y estabilidad en las tasas, advirtiendo que cualquier normativa subnacional que intente alterar o recortar los incentivos planteados por el presidente Javier Milei en el proyecto, será declarada nula de nulidad absoluta.
