El superávit fiscal se ha consolidado como el dogma inquebrantable de la gestión económica de Javier Milei. No obstante, detrás de la rigurosa presentación de las planillas oficiales de la Administración Central, especialistas y datos de mercado comienzan a poner la lupa sobre la calidad, la composición y la sostenibilidad de este proceso de saneamiento financiero. La revisión minuciosa del primer cuatrimestre del año expone que el promocionado «déficit cero» se sostiene sobre un andamiaje de drásticas reducciones en el gasto social y una postergación sistemática de pagos a proveedores y provincias, un mecanismo técnicamente conocido como incremento de la deuda flotante.
Un informe elaborado por la Fundación de Estudios Políticos y Estratégicos (Funepe) señala que, si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, destaca una contracción real acumulada del 4% en el gasto primario, los recortes no afectaron a todas las partidas por igual. Los ajustes más severos se concentraron en áreas de alta sensibilidad social e infraestructura básica: el presupuesto para Vivienda sufrió un desplome real interanual del 63,7%, seguido por Promoción Social con una baja del 24,7%, Trabajo con un retroceso del 24,6% y Salud con una reducción del 22,5%. Educación y Cultura también registraron un signo negativo del 8,7% real, en medio de las tensiones por el financiamiento de las universidades públicas. En abierto contraste, los recursos destinados a cubrir los intereses de la deuda pública crecieron un 63,7% en términos reales —insumiendo casi 5 billones de pesos—, mientras que los subsidios energéticos se expandieron un 90% real, a pesar de las fuertes subas tarifarias aplicadas a los usuarios.
La otra variable que relativiza la naturaleza del superávit es el fuerte incremento de las obligaciones exigibles o «deuda flotante«. Según los registros oficiales del Palacio de Hacienda, estos compromisos —gastos formalmente reconocidos y registrados por el Estado pero que se dilatan en la caja sin pagarse— escalaron desde 1,58 billones de pesos en enero hasta superar los 4,04 billones en marzo, para luego situarse en 2,79 billones durante el mes de abril. Si bien el flujo de deuda flotante fluctúa mes a mes por cancelaciones parciales, el volumen retenido evidencia que el Estado está financiando parte de su equilibrio de caja retrasando transferencias clave a las provincias para obras públicas, fondos de incentivo docente e insumos médicos esenciales para el sistema sanitario. A modo de ejemplo regional, el reporte detalla que la provincia de Santa Fe recibió entre enero y mayo recursos por transferencias no automáticas que, medidos a moneda constante, resultaron 155 veces menores que los percibidos en el mismo período de 2023.
La encrucijada del modelo libertario se agudiza al observar el comportamiento de los ingresos fiscales. Durante el primer cuatrimestre, la recaudación tributaria acumuló una contracción real interanual del 6,7%, afectada por la debilidad del consumo interno y la actividad económica general. A pesar de un alivio transitorio en mayo por la liquidación del Impuesto a las Ganancias de las grandes empresas, los tributos directamente asociados al nivel de actividad doméstica continuaron en terreno negativo: la recaudación por el IVA retrocedió un 8,6% real, el impuesto al cheque cayó un 3% y los derechos de exportación se desplomaron un 37,5% debido a menores liquidaciones del sector agropecuario y bajas de alícuotas.
Frente a esta dinámica de ingresos debilitados e intereses financieros crecientes, los analistas advierten que el margen para profundizar los recortes sobre las prestaciones esenciales y la obra pública empieza a dar señales de agotamiento. El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) introdujo advertencias respecto a la viabilidad política y social del ajuste de mediano plazo, recomendando revisar regímenes de promoción económica especiales y ampliar bases tributarias tradicionales. Sin embargo, en el plano estrictamente político, la conducción económica descarta de plano nuevas subas de impuestos generalizadas por considerar que la clase media carece de margen para absorber mayor presión fiscal, dejando el futuro del programa enteramente supeditado a una reactivación genuina de la actividad que devuelva solidez a la recaudación.
