La situación judicial y política del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, experimentó un severo revés en las últimas horas. En una serie de resoluciones firmadas por el juez federal Ariel Lijo, los tribunales de Comodoro Py lograron incorporar al expediente copias de los contratos comerciales y el detalle completo de las facturaciones emitidas por la consultora +BE (MasBe), propiedad de Bettina Angeletti, esposa del ministro coordinador. La Justicia busca determinar si estos acuerdos encubren los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la administración estatal. El presidente Javier Milei sigue respaldando a su Jefe de Gabinete.
La investigación penal, que se inició formalmente a partir de una explosiva denuncia presentada por la diputada nacional oficialista Marcela Pagano, apunta a desenterrar un presunto mecanismo de «ventanilla cruzada». La sospecha principal de los investigadores judiciales es que firmas privadas que dependen de millonarias concesiones, licitaciones y pauta del Estado Nacional contrataban en paralelo los servicios de coaching ontológico y consultoría organizacional de Angeletti como una vía indirecta de retorno o pago de favores políticos dirigidos al jefe de Gabinete.
Las tres empresas bajo el radar judicial
El requerimiento de la Justicia, que contó con el impulso inicial del fiscal Carlos Stornelli y cruza datos con una causa por presunto enriquecimiento ilícito delegada en el fiscal Gerardo Pollicita, puso el foco en tres firmas con un fuerte volumen de negocios públicos:
- National Shipping S.A.: Es una de las principales compañías navieras contratadas por la petrolera bajo control estatal YPF. El vínculo adquiere una sensibilidad extrema para los investigadores debido a que el propio Manuel Adorni fue designado por el Poder Ejecutivo como director titular de YPF en representación de las acciones del Estado.
- Grupo Datco: Un gigante del sector informático y de telecomunicaciones que actúa como un proveedor sistemático de soporte tecnológico en dependencias oficiales de alta sensibilidad, incluyendo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), AySA y Aerolíneas Argentinas.
- Foggia Group / Foggia Company: Productora de espectáculos masivos vinculada directamente a la explotación y concesión del predio estatal de Tecnópolis. Los investigadores analizan el rol de esta firma debido a su estrecha cercanía con Mara Gorini, una funcionaria clave del entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Un paralelismo con la matriz de Hotesur
En los tribunales federales de Retiro comenzó a trazarse un nexo argumental inevitable. En la presentación original efectuada por Pagano se estableció un paralelismo técnico directo entre el modus operandi investigado en la firma +BE y los delitos acreditados en las célebres causas de corrupción denominadas Hotesur y Los Sauces. Bajo esa óptica, los supuestos talleres de liderazgo corporativo y asesorías de recursos humanos dictados por la esposa de Adorni habrían funcionado de la misma manera que los alquileres de plazas hoteleras del pasado: una estructura formalmente legal destinada a dotar de apariencia legítima al flujo de fondos originados en el presupuesto público.
Las alarmas en la Casa Rosada no solo se encienden por la recolección de esta documentación comercial. El juez Lijo ordenó además librar oficios directos a la Inspección General de Justicia (IGJ) con el propósito de identificar de forma taxativa a los beneficiarios finales y accionistas reales detrás de la cadena de subcontrataciones.
Un frente judicial en cadena
El avance de este expediente impacta de lleno sobre un mapa de contención política visiblemente desgastado. Fuentes de los tribunales de Comodoro Py deslizan que el jefe de Gabinete enfrenta semanas determinantes: la causa por las contrataciones de su esposa se acopla a otras investigaciones abiertas en su contra, entre las que destacan el presunto uso de bienes públicos, un controvertido viaje realizado en un vuelo privado hacia la ciudad uruguaya de Punta del Este y movimientos de fondos en billeteras virtuales vinculados a la compra y reforma de una propiedad en el country Indio Cuá, valuados preliminarmente en torno a los 100.000 dólares.
