La urgencia por conseguir divisas frescas y el prolongado aislamiento de los mercados internacionales de crédito empujaron a la administración de Javier Milei a evaluar una alternativa inédita para la historia reciente de la región. El Poder Ejecutivo analiza implementar antes de que termine el año un esquema de «ciudadanía por inversión», popularmente conocido en el ámbito global como «pasaporte dorado«. El plan, diseñado con el objetivo de aliviar la severa escasez de reservas en el Banco Central y hacer frente a los abultados vencimientos de deuda en moneda extranjera, permitiría a ciudadanos de altos ingresos acceder a los derechos migratorios y de nacionalidad argentina mediante desembolsos millonarios.
Según reveló un informe del periódico británico Financial Times, la arquitectura del programa contempla dos vías de acceso bien diferenciadas para los aspirantes. La primera opción consiste en un aporte de carácter no reembolsable por un valor de 500.000 dólares, fondos que ingresarían de forma directa a las arcas estatales sin derecho a reclamo posterior. La segunda alternativa, de carácter financiero, exige la adquisición de bonos soberanos de cupón cero por una suma de un millón de dólares. Estos instrumentos de deuda pública actúan como un préstamo diferido: el Estado retiene el capital y se compromete a devolverlo en su totalidad en una fecha futura de vencimiento, sin la obligación de liquidar intereses periódicos durante la vida útil del título.
De concretarse la medida, Argentina irrumpiría en este polémico mercado internacional con una ventaja competitiva fenomenal debido al peso geopolítico y la flexibilidad de su documentación de viaje. El pasaporte argentino faculta el ingreso sin necesidad de tramitar visa previa a casi 170 países del globo, una cobertura que supera holgadamente los beneficios que hoy brindan pequeñas naciones caribeñas o esquemas europeos remanentes. Consultores del sector aseguran que la propuesta ya despertó el interés de empresarios de gran patrimonio en Estados Unidos y Europa, motivados por la creciente polarización política y las presiones impositivas en el hemisferio norte. El nombre del magnate tecnológico Peter Thiel, cofundador de PayPal y actualmente instalado en Buenos Aires, comenzó a sonar entre los asesores del proyecto como una suerte de «embajador informal» capaz de traccionar el interés de las élites globales, atraídas por la lejanía del país de los focos de conflicto geopolítico y la factible exención de requisitos mínimos de residencia física, lo que evitaría trasladar el domicilio fiscal.
Sin embargo, el proyecto navega en aguas turbulentas tanto a nivel local como internacional. En el plano externo, este tipo de herramientas sufre una feroz resistencia regulatoria: la Corte de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal en 2024 un programa similar en Malta por mercantilizar la nacionalidad, mientras que naciones como Chipre, Bulgaria y el Reino Unido desmantelaron sus sistemas de visados por inversión ante alertas por lavado de activos y filtración del crimen organizado. En el frente doméstico, el Gobierno modificó normativas migratorias con el fin de pavimentar el camino legal, pero estas reformas ya cosechan impugnaciones en los tribunales, bajo el argumento de que la Constitución Nacional reserva exclusivamente al Congreso la potestad de legislar sobre la ciudadanía. Abogados constitucionalistas y especialistas en flujos migratorios ya advierten que el riesgo reputacional y la permeabilidad a capitales de dudosa procedencia podrían eclipsar con creces los dividendos financieros que el Palacio de Hacienda espera recaudar.
