Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) advierte que la economía destruye puestos en relación de dependencia. La precarización laboral impacta en los salarios, recorta asignaciones y condiciona el futuro previsional.
El mercado laboral argentino atraviesa una profunda mutación caracterizada por la destrucción del empleo formal y un avance sostenido del cuentapropismo que no logra mitigar la crisis ocupacional.
Según un relevamiento difundido por el Instituto Argentina Grande (IAG), el monotributo mantiene una tendencia al alza desde 2012 —acentuada a partir de 2020—, registrando un incremento de 49.500 inscriptos en el último año y de 150.100 desde el inicio de la actual gestión de gobierno. Sin embargo, este crecimiento es insuficiente para absorber las bajas del sector en relación de dependencia.
El diagnóstico del IAG refleja que la actividad económica actual destruye trabajo registrado, impulsando una transición hacia el monotributo y la informalidad. Este retroceso del empleo formal impacta de manera directa en el tejido social, provocando el recorte de asignaciones familiares, mientras el Poder Ejecutivo aplica restricciones a las prestaciones no contributivas.
En paralelo, los ingresos continúan en terreno negativo: datos oficiales del INDEC correspondientes a mayo muestran que el salario privado cayó un 0,1%, el público provincial un 0,2% y el estatal nacional un 0,6%, mientras que el salario mínimo, vital y móvil sufrió una contracción del 1%.
Impacto en la jubilación y crecimiento de la morosidad
La precarización del mercado de trabajo proyecta consecuencias críticas hacia el sistema de seguridad social. Tras la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025, el acceso a la jubilación se redujo drásticamente, registrándose 81.876 altas menos durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior, lo que representa una caída del 45%.
El informe del IAG advierte que el modelo actual sólo permite a los nuevos trabajadores informales aspirar a una Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) —equivalente al 80% del haber mínimo—, obligando además a las mujeres a esperar cinco años más para alcanzar la edad mínima de retiro.
Finalmente, la pérdida de calidad del empleo y la caída de ingresos impactaron de lleno en la capacidad de pago de los hogares. Con base en datos del Banco Central, el instituto económico detectó un fuerte incremento de la morosidad en todo el país.
El porcentaje de deudores bancarios y no bancarios en situación «irrecuperable» saltó del 9,8% al 17,2% a nivel nacional en un año, sumando 1,6 millones de personas en esta condición crítica respecto a mayo de 2025.
La región de Cuyo y el norte del país registran los índices más alarmantes, liderados por San Juan, donde el 23,8% de los deudores posee más de un año de atraso en sus obligaciones.
