El incremento del 6% registrado por el dólar oficial a lo largo de los últimos dos meses empezó a trasladar tensiones de costos sobre variables críticas del programa económico nacional. Si bien este deslizamiento cambiario le otorga al país una mejora de competitividad en términos reales frente a sus principales socios comerciales —de acuerdo con los cálculos del mercado—, al mismo tiempo condiciona las expectativas de reducción acelerada de la inflación al reactivar atrasos en las tarifas energéticas y los combustibles líquidos.

Fuentes del sector petrolero estiman que, con la divisa cotizando en torno a los $1.520, el precio en surtidor de la nafta y el gasoil presenta un atraso cercano al 8%. En el mercado interno, el valor de venta equivale a unos 86 dólares por barril, ubicándose por debajo del precio de referencia internacional del crudo, que trepó hasta los 100 dólares debido a las tensiones en Medio Oriente. De acuerdo con el análisis de la industria, las empresas deberán compensar primero este margen amortiguador no trasladado a surtidores antes de evaluar eventuales reducciones de precio en el plano local. Esta dinámica borra la posibilidad de una baja cercana en los combustibles que colabore con llevar la tasa mensual de inflación a un nivel inferior al 2%, el cual consultoras privadas como LCG y EcoGo ubican en torno a ese piso para el mes en curso. Hay que recordar que el presidente Javier Milei había dicho que en agosto la inflación iba a ser 0.

El impacto del movimiento cambiario incide en paralelo sobre las partidas presupuestarias que el Ministerio de Economía destina al pago de subsidios. El gas natural —insumo determinante para la generación de más del 50% de la energía eléctrica y el abastecimiento de 9 millones de hogares e industrias— registró aumentos de costos en dólares potenciados por las cotizaciones del Gas Natural Licuado (GNL) en el mercado global. Durante la actual temporada invernal, el costo de la energía eléctrica alcanzó los 112,10 dólares por megavatio-hora (MWh), marcando la cifra más alta desde el estallido del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en 2022, cuando históricamente promediaba los 95 dólares.
Según relevamientos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, en la actualidad los usuarios finales cubren en promedio el 63% del costo real de la electricidad y el 57% del gas, mientras que la diferencia remanente es absorbida por el Estado Nacional. Con un dólar más elevado, el gasto del Tesoro en pesos para cubrir la brecha con las empresas generadoras y productoras se incrementa. Hasta mediados de julio, las transferencias por subsidios energéticos crecieron un 30% interanual en términos reales, en un contexto donde el Gobierno destinó cerca de 180 millones de dólares para saldar compromisos acumulados con las compañías petroleras.

