En una aparición televisiva destinada a contener el impacto político de su reciente y masiva reestructuración patrimonial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convalidó de forma pública la estrategia judicial con la que intenta desactivar la causa por presunto enriquecimiento ilícito que se tramita en los tribunales federales. Entrevistado por el periodista José Del Rio en el programa Mesa Chica, transmitido por la señal LN+, el funcionario confirmó la presentación anticipada de su declaración jurada correspondiente al período 2025 —cuyo vencimiento original opera a finales de julio— junto con las rectificaciones de los ejercicios 2023 y 2024 ante la Oficina Anticorrupción, dejando una frase que promete instalarse en el centro del debate público: «Toda la vida ahorramos, lo hicimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar».
La justificación esgrimida por el ministro coordinador pretendió transformar una flagrante infracción tributaria en una suerte de conducta sociológica de supervivencia financiera. Al ser consultado de forma directa sobre los motivos por los cuales mantuvo oculto más de medio millón de dólares fuera del circuito legal antes de asumir su cargo en la función pública, Adorni no titubeó al señalar que la informalidad era, a su criterio, la única alternativa viable frente al sistema institucional tradicional, definiéndola como «la forma de escapar de la vieja política».
Con este marco conceptual, el jefe de Gabinete intentó redefinir la sospecha que pesa sobre su evolución patrimonial —puesta bajo la lupa judicial tras conocerse compras millonarias de inmuebles y costosas reformas en efectivo— argumentando que tanto él como su esposa, Bettina Angeletti, consolidaron sus activos exclusivamente dentro del sector privado desde la juventud. El funcionario apeló a su trayectoria histórica como analista y trabajador independiente para desvincular el origen de sus fondos de cualquier sospecha de corrupción vinculada al manejo de las arcas públicas, reforzando la postura de que el debate en torno a sus bienes debe restringirse al ámbito estrictamente impositivo.
El correlato técnico de esta confesión mediática se materializó con la adhesión formal de Adorni al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, un beneficio encuadrado en la reciente Ley de Inocencia Fiscal. Este movimiento técnico no solo contradice sus propias afirmaciones de marzo pasado, cuando en conferencia de prensa aseguró de forma tajante que toda su situación patrimonial se encontraba debidamente declarada, sino que además expone los alcances de las herramientas legales diseñadas por la actual administración para extinguir las acciones penales tributarias por debajo de ciertos topes de facturación. La declaración pública en el prime time confirma que el Gobierno ha decidido jugar la carta de la regularización retroactiva, asumiendo el costo político de convalidar la evasión fiscal pretérita con tal de blindar judicialmente la cúspide del organigrama ministerial.
Recordemos que el presidente Javier Milei siempre respaldó al funcionarios ante las denuncias de enriquecimiento ilíticto, dijo que es un perseguido por la prensa, lo comparó con el caso de José Luis Espert y cargó en redes sociales con su frase: «no odiamos lo suficiente a los periodistas»
