El Poder Ejecutivo nacional se dispone a firmar en los próximos días un Decreto de Necesidad y Urgencia clave que alterará sustancialmente las reglas de juego para la selección y el nombramiento de magistrados, fiscales y defensores oficiales, alcanzando inclusive a las futuras vacantes dentro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La iniciativa, diseñada bajo el ala del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y consensuada de forma directa con el presidente Javier Milei, apunta a modificar de raíz el marco normativo de selección que regía en el país desde el año 2003.
La premisa central esgrimida desde los despachos oficiales del Ministerio de Justicia radica en la urgencia por «acotar los plazos y evitar duplicaciones de trámites» que entorpecen la administración pública. Bajo este argumento, el nuevo decreto eliminará por completo las instancias de presentación de impugnaciones y observaciones de carácter civil que los ciudadanos u organizaciones no gubernamentales podían formular ante el propio Ministerio de Justicia una vez que la Casa Rosada publicaba oficialmente los nombres de los candidatos propuestos.
Con la aplicación de estas modificaciones normativas, los mecanismos de publicidad y participación no quedarán anulados en su totalidad, sino que se concentrarán con exclusividad en la etapa posterior: el procedimiento legislativo que se desenvuelve de manera tradicional ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, una vez que el Poder Ejecutivo remite formalmente los pliegos. Asimismo, el decreto alterará sustancialmente el régimen de control patrimonial e impositiva requerido a los postulantes.
La urgencia institucional por agilizar las designaciones encuentra respaldo en las críticas cifras de parálisis judicial que exhibe el país. Según datos oficiales recabados por Clarín, el Poder Judicial de la Nación arrastra actualmente un preocupante 37,5% de cargos vacantes, porcentaje que asciende al 46% cuando se analiza el mapa específico de la Procuración General de la Nación. Fuentes del sector remarcan que la parsimonia de los primeros años de gestión, donde la cobertura de puestos clave estuvo prácticamente paralizada, devino ahora en una necesidad acuciante de apurar el engranaje del Consejo de la Magistratura y destrabar las ternas.
No obstante, las nuevas directivas no han tardado en encender alarmas y generar fuertes focos de debate en diversos tribunales y despachos de Comodoro Py. La principal disyuntiva que plantean los expertos en derecho constitucional e integrantes de organizaciones civiles reside en si la supresión de estos filtros ciudadanos previos limará las garantías de transparencia institucionales fijadas hace más de dos décadas.
Puertas adentro de la política, algunos analistas judiciales observan además un trasfondo de pragmatismo político en el decreto: al flexibilizar los requisitos previos, el Ejecutivo ganaría un margen de maniobra institucional sustancial que quitaría al Presidente la obligación tácita de mantener cupos de género o designar estrictamente a mujeres en las propuestas destinadas al Máximo Tribunal de la República. Mientras el fin de semana estuvo signado por rumores cruzados sobre presuntas reuniones entre el Ejecutivo y miembros de la Corte —desmentidas oficialmente tanto por la Casa Rosada como por el Palacio de Tribunales—, la firma del decreto formalizará una centralización regulatoria expedita en manos del Ministerio de Justicia.
