En un movimiento que promete redefinir el reparto de recursos entre la Nación y las jurisdicciones del interior, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia originaria para tramitar la demanda de la provincia de La Pampa contra el Poder Ejecutivo.
El núcleo del conflicto reside en el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), constituido por el 1% de la masa coparticipable. La administración de Ziliotto, con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, sostiene que el Estado Nacional se ha «apropiado indebidamente» de estos fondos al omitir su distribución, utilizándolos de forma discrecional para inflar el superávit fiscal mientras las provincias enfrentan desequilibrios financieros críticos. Las decisiones sobre el destino de los ATN las toman el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La estrategia judicial de La Pampa apunta al corazón del sistema: solicita una acción declarativa de inconstitucionalidad para que estos recursos dejen de ser un «auxilio» administrado a dedo por el Ministerio del Interior y pasen a integrar la masa de coparticipación automática diaria.
El planteo surge tras la revelación de que, durante el último ciclo fiscal, el Gobierno nacional ejecutó apenas una fracción mínima de los fondos recaudados, reteniendo sumas multimillonarias que pertenecen al conjunto de las provincias. Según la demanda, esta retención sistemática vulnera los principios constitucionales de solidaridad y equidad que deben regir el federalismo argentino.
El máximo tribunal ya corrió vista al Gobierno Nacional para que presente su descargo en un plazo perentorio. La respuesta de la Casa Rosada será clave, especialmente luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negara ante el Congreso la existencia de pedidos formales de asistencia por parte de La Pampa, afirmación que fue rápidamente desmentida por la fiscalía de Estado pampeana mediante la exhibición de notas oficiales enviadas entre 2025 y principios de 2026.
Lo que comenzó como un reclamo administrativo ha escalado a una batalla judicial que los gobernadores de todo el arco político siguen de cerca, entendiendo que un fallo favorable a La Pampa sentaría un precedente histórico contra el manejo discrecional de la billetera federal.
