El control y la administración de los recursos destinados a la seguridad e infraestructura del Poder Ejecutivo han quedado en el centro de un profundo cuestionamiento político y judicial. Una exhaustiva investigación desvela una trama de presuntos negocios incompatibles y contrataciones dirigidas en el seno de la Casa Militar, el órgano militarizado responsable de la custodia del Presidente de la Nación Javier Milei y del mantenimiento de las sedes oficiales. Las revelaciones, enfocadas en los circuitos internos de compras y licitaciones, exponen un patrón de adjudicaciones dudosas y sobrefacturación que quiebra la narrativa de transparencia y austeridad que el oficialismo intenta sostener como bandera de gestión en sus dependencias gubernamentales.
El foco de las sospechas se concentra en una serie de pliegos y concursos públicos que, de acuerdo con los datos recabados, habrían sido diseñados a la medida de proveedores específicos con fuertes vínculos informales dentro del entorno castrense. Las irregularidades abarcan desde contrataciones de servicios logísticos básicos hasta la provisión de insumos tecnológicos críticos para la seguridad del entorno presidencial, donde los mecanismos de control habituales habrían sido eludidos sistemáticamente mediante la declaración de urgencias operativas infundadas. A este complejo panorama administrativo se suma la pesquisa sobre licitaciones de mantenimiento de espacios clave, como los jardines de la Quinta de Olivos, una órbita bajo estricta mirada de la Secretaría General de la Presidencia conducida por Karina Milei, lo que incrementa el voltaje político de las denuncias al rozar de forma directa el anillo íntimo de la Casa Rosada.
Lejos de circunscribirse a un debate meramente contable, el escándalo ha desatado una fuerte tormenta institucional en el Ministerio de Defensa y en las cúpulas de las fuerzas. La difusión de los supuestos manejos turbios coincide con el trámite legislativo para apurar el ascenso del jefe de la Casa Militar, el general Sebastián Ibáñez, una promoción que ahora se encuentra empantanada y bajo el escrutinio de la oposición parlamentaria. El caso genera ruidos internos inocultables, forzando reuniones de urgencia en los altos mandos para delimitar responsabilidades ante la justicia ordinaria y evitar que el desprestigio de una de las instituciones más sensibles del organigrama estatal termine por arrastrar la reputación de la cadena de mandos de las Fuerzas Armadas.
Según reconstruyó Clarín, y de acuerdo con los dichos de un supuesto emisario de Ibáñez, Claudio Rubén Cavina –empleado del Ministerio de Justicia y exDGL- y ratificado por Fabián Oyarbide, dueño de la firma Redimec SA, el jefe de la Casa Militar y Florencia Gastaldi, nombrada por los libertarios, habrían llegado a un acuerdo para repartirse el sobreprecio de las licitaciones por compras de repuestos, mantenimiento de aviones y hasta aeronaves adjudicadas a “empresas amigas” de la agrupación aérea presidencial.
En el grupo de «empresas amigas» se encontrarían Redimec SA, de Fabián Oyarbide; Aras Aero Inc., de Jaime Mejía; Aviation Logistics Center, de Juan Pablo Snopek (una sociedad fantasma en Estados Unidos), Masuma Internacional SA, de los hermanos Facundo y Marcos Torres; Fire Eagle Inc. (una sociedad inscripta en Estados Unidos que le pertenece a los hermanos Torres) y la empresa Chef Gourmet; entre otras.
También está bajo la lupa Regional One Inc. beneficiaria de un contrato por la compra el año pasado de un avión Embraer ERJ-140LR por el que la Fuerza Aérea pagó el año pasado 4 millones de dólares cuando uno similar salía 2,3 millones
