La carrera por el control operativo y comercial de la Vía Navegable Troncal de la Argentina (hidrovía) ingresó en un escenario de alta volatilidad política tras radicarse una denuncia penal que apunta de forma directa al riñón del poder libertario. El proceso de privatización, diseñado para otorgar una concesión por un cuarto de siglo sobre el canal que canaliza la mayor porción de las exportaciones agropecuarias del país, quedó bajo la lupa judicial luego de que las dos corporaciones belgas finalistas, Jan de Nul y DEME, presentaran ofertas económicas idénticas, fijando una tarifa de 3,80 dólares por tonelada de registro neto. A pesar del empate cambiario, la balanza técnica comenzó a inclinarse a favor de Jan de Nul —que actualmente opera la ruta a través de la Compañía Sud Americana de Dragados—, una ventaja que la oposición y sectores judiciales atribuyen a un presunto direccionamiento orquestado desde las oficinas gubernamentales.
El escrito radicado en los tribunales federales de Retiro salpica al principal asesor presidencial sin firma, Santiago Caputo, al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor. De acuerdo con las presentaciones, la licitación escondería un entramado de subcontrataciones pactadas bajo cuerda, orientadas a beneficiar al Grupo Neuss y a la firma logística local Román. En el mercado fluvial cobra fuerza la hipótesis de una cláusula informal mediante la cual el operador multinacional favorecido cedería una porción sustancial del negocio de dragado a este holding local, un mecanismo que reactivó las alarmas sobre presunta cartelización y manipulación de los informes técnicos que regulan el concurso de adjudicación.
El desembarco de los hermanos Juan y Patricio Neuss en la disputa por la hidrovía coincide con una expansión patrimonial sin precedentes dentro del sector de la infraestructura y los servicios regulados. El holding familiar, que arrastra una histórica familiaridad con los círculos de negocios de la década de los noventa y recientemente se alzó con el control estratégico de Transener, consolidó un canal de diálogo privilegiado con la Casa Rosada a cargo de Javier Milei basado en una amistad de infancia con Santiago Caputo y en supuestas vinculaciones con los vehículos de financiamiento político de la fuerza oficialista, como la Fundación Faro. Mientras la controversia avanza en sede judicial con requerimientos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, el proceso licitatorio del corredor de exportación más relevante del país se encamina a definirse bajo un clima de sospechas corporativas y cuestionamientos de transparencia institucional.
Es todo tan deprolijo que hoy representantes de la empresa DEME, se quejaron de que pagaron U$S 10 millones para presentar objeciones. Expresaron que desde el inicio, han advertido que el mismo está direccionado y que esperaban una licitación justa.
“No existe ningún país en el mundo donde se exija pagar US$10 millones para presentar objeciones respecto de un proceso de licitación, lo cual ya genera serias dudas sobre el procedimiento. Además, también se nos informó que existe una preocupación significativa en la Argentina respecto del proceso actual”, señalaron desde DEME.
