La administración nacional que dirige el presidente Javier Milei, concretó una poda presupuestaria que golpea el corazón del sistema sanitario argentino. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, el Ministerio de Salud, hoy bajo la conducción de Mario Lugones, sufrió un recorte superior a los 63.000 millones de pesos, una cifra que representa aproximadamente el 2% del presupuesto de la Administración Pública Nacional, pero cuyo impacto real en la atención directa parece ser mucho más profundo que lo que sugieren los fríos números del Boletín Oficial.
La medida se enmarca en una estrategia de «reordenamiento» que busca descentralizar la ejecución de programas hacia las provincias y eliminar lo que el Gobierno considera «superposiciones» de gastos. Sin embargo, la preocupación técnica radica en la velocidad y el alcance de la quita. Uno de los pilares más afectados es el programa Remediar, que desde hace más de dos décadas garantiza la provisión de medicamentos básicos en los centros de atención primaria de todo el país. La reducción de 20.000 millones de pesos en esta área pone en jaque la logística de distribución de insumos críticos —desde antibióticos hasta anticonceptivos— para los sectores que no cuentan con cobertura de seguridad social o medicina privada.
El ajuste no distingue entre patologías comunes y enfermedades de alta complejidad. El Banco de Drogas Oncológicas y Especiales, junto con los presupuestos destinados al INCUCAI para trasplantes, también han visto recortadas sus partidas en unos 5.000 millones de pesos. Especialistas como Adolfo Rubinstein, ex titular de la cartera sanitaria, han advertido sobre la «falta de conciencia» respecto a las consecuencias que esta política de desfinanciamiento puede generar en los indicadores sanitarios básicos, especialmente en las provincias del norte del país, donde la dependencia de los fondos nacionales es estructural.
Desde el Ministerio de Salud sostienen que la optimización de las compras centralizadas permitirá mantener las prestaciones sin perjudicar a los pacientes. No obstante, los datos del sitio oficial Presupuesto Abierto revelan un dato alarmante: en lo que va del año, solo se ha ejecutado el 31,5% del total disponible para salud.
En áreas sensibles como la lucha contra el cáncer, la ejecución apenas supera el 6%. Este escenario sugiere que el ajuste no es solo una reasignación de partidas, sino una parálisis operativa que podría comprometer la respuesta estatal ante enfermedades endémicas como el dengue o la atención de pacientes con VIH y tuberculosis. El desafío para las provincias será, a partir de ahora, absorber costos que antes cubría Nación, en un contexto de caída de recursos que amenaza con profundizar la brecha de equidad sanitaria en el territorio nacional.
También habrá golpes en el bolsillo en otros organismos ligados a Salud: la SEDRONAR, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), el Instituto ANLIS-Malbrán, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Administración Nacional de Establecimientos de Salud, organismo creado en julio de 2025 como promesa ordenadora frente a las protestas en hospitales nacionales en reclamo por despidos y sueldos despreciables a los residentes. Sufrirá un recorte de $3.195 millones.
