La decisión de la administración provincial de tramitar un préstamo para garantizar el programa de fortalecimiento alimentario marca un punto de inflexión en la crisis que atraviesa Buenos Aires. Esta medida de urgencia surge como respuesta directa a la parálisis de los fondos nacionales y a la necesidad de cubrir el vacío dejado por la suspensión temporal de programas como el MESA.
No se trata de un movimiento financiero aislado, sino de una maniobra de supervivencia para sostener la red de contención en las escuelas, donde la demanda de platos de comida no deja de aumentar. El reclamo que ayer el gobierno de Axel Kicillof escaló ante la Corte Suprema por deudas impagas que asfixian las arcas provinciales pone de manifiesto que el conflicto presupuestario ya ha traspasado los despachos oficiales para impactar de lleno en el tejido social.
El escenario se torna más complejo al observar cómo la falta de recursos derrama sobre otros sectores vitales. La advertencia sobre la reducción de servicios en trenes y colectivos por falta de mantenimiento, sumada a la denuncia del Ministerio de Salud por el recorte en el envío de medicamentos del programa Remediar, dibuja un mapa de vulnerabilidad que afecta tanto la movilidad como la integridad de los ciudadanos.
Mientras la justicia debe dirimir los plazos para que la administración de Javier Milei regularice sus compromisos, la Provincia se ve obligada a endeudarse para evitar que la crisis económica derive en una emergencia humanitaria en los barrios más postergados, intentando frenar un deterioro que ya se hace visible en el aumento de la situación de calle y en la caída de los indicadores básicos de bienestar.
