El proceso de transparencia en las cuentas públicas ha chocado con un hallazgo escalofriante en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según un informe del Ministerio de Salud fechado el 10 de abril de 2026, el Estado argentino pagó precios exorbitantes por insumos elementales para pacientes vulnerables, con brechas que en algunos casos superan el 4.000% respecto a los valores de mercado. El documento, que ya está en manos de la justicia federal, describe la operatoria no como un error administrativo, sino como una red orquestada de conexiones societarias y familiares diseñada para distorsionar la libre competencia y saquear las arcas públicas.
El caso más emblemático es el de un andador por el que el Estado aceptó una factura con un sobreprecio del 4.239% comparado con un equipo de prestaciones idénticas. Esta lógica de «desvíos sistemáticos» se repite en el rubro de las sillas de ruedas, donde se detectaron pagos de hasta 19 millones de pesos por unidades cuyo valor de referencia nacional apenas superaba el millón. Incluso en insumos de alta complejidad, como válvulas cardíacas, la ANDIS llegó a pagar un 242% más que el PAMI por el mismo producto en un lapso de apenas tres meses.
La investigación judicial, que ya cuenta con 49 personas llamadas a indagatoria —incluyendo a exdirectores de la agencia como Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini—, apunta a la vulneración del sistema digital de contrataciones (Siipfis). Lo que debía ser una herramienta de transparencia fue utilizado, según el fiscal Picardi, como una fachada para direccionar licitaciones hacia un grupo selecto de empresas, apodado internamente como el «grupo museo», que definía de antemano quiénes participarían en las simulaciones de competencia. Entre los proveedores beneficiados aparecen firmas como Farma Salud y Bymax Medical, esta última vinculada a domicilios de lobistas investigados en la causa.
Mientras las defensas intentan anular el proceso cuestionando el origen de audios que mencionan coimas, el informe técnico de Salud permanece como una prueba documental contundente del perjuicio al Tesoro Nacional. Las autoridades señalan que el uso de materiales importados o aleaciones especiales esgrimidos por los proveedores no justificaba semejantes erogaciones, calificándolas de «técnicamente indefendibles» en un contexto de emergencia donde cada peso desviado representa una prestación menos para quienes más lo necesitan.
