La relación entre el Gobierno y su principal aliado legislativo ha alcanzado un nuevo pico de tensión este 10 de mayo de 2026. En un documento titulado con una frase de alto impacto simbólico —»Piden sacrificios que no están dispuestos a cumplir»—, el PRO lanzó una crítica frontal contra la administración libertaria, centrando sus dardos en la falta de «ejemplaridad» y en las contradicciones entre el discurso del ajuste y la realidad del gasto político.
El comunicado sostiene que, si bien el partido comparte la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal y avanzar en reformas estructurales, no puede convalidar un esquema donde el peso de la crisis recae exclusivamente sobre el sector privado y las clases medias.
Desde el partido amarillo señalan que el Ejecutivo ha demorado recortes en áreas sensibles del aparato estatal y ha mantenido privilegios que resultan ofensivos en un contexto de alta inflación y caída del consumo. «La política debe ser la primera en dar el ejemplo si pretende que los argentinos sigan acompañando este proceso», subraya uno de los párrafos más contundentes del texto.
Este posicionamiento del PRO se produce en un momento legislativo clave, donde la Casa Rosada necesita el apoyo de sus bloques para aprobar leyes fundamentales. La movida se interpreta como una reafirmación de identidad por parte del macrismo, que busca diferenciarse de los aspectos más cuestionados de la gestión nacional sin romper definitivamente la alianza estratégica. El mensaje es claro: el apoyo no es un cheque en blanco y estará condicionado a una mayor transparencia y austeridad en el ejercicio del poder.
