En medio de una creciente tensión política y judicial, el Juzgado Federal N° 6 resolvió rechazar las medidas cautelares de no innovar que pretendían congelar el tramo final de la licitación pública de la Hidrovía Paraguay-Paraná. El juez federal Daniel Rafecas alineó su postura con el dictamen previo del fiscal Guillermo Marijuan y desestimó las presentaciones impulsadas de forma independiente por la diputada nacional Marcela Pagano y por Fernando Míguez, titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático. Ambas demandas solicitaban la interrupción inmediata del proceso administrativo alegando presuntas maniobras de fraude, asociación ilícita y un supuesto direccionamiento de los pliegos técnicos para favorecer a firmas específicas, entre las que señalaban a la actual operadora belga Jan de Nul y al Grupo Neuss, cuyos titulares son amigos del asesor presidencial Santiago Caputo.
La resolución judicial, plasmada en un escrito de quince páginas, fundamenta la negativa a dictar la cautelar al advertir que los planteos de los denunciantes carecen de los requisitos esenciales de verosimilitud del derecho y peligro en la demora. De acuerdo con el criterio del magistrado, el estado embrionario de la investigación penal impide tomar una determinación de tal gravedad institucional sobre una vía troncal por la que circula el ochenta por ciento de las exportaciones agroindustriales argentinas. Rafecas remarcó que las objeciones presentadas por los denunciantes se configuran, en gran medida, como presunciones sobre un futuro hecho ilícito y no como certezas de desvío administrativo que habiliten la intervención del Poder Judicial en las facultades del Ejecutivo. Con este fallo, el expediente regresa a la órbita de la Fiscalía Federal N° 9 para continuar con la recolección de pruebas e instrucción de la causa sin alterar los plazos de la adjudicación.
A pesar de que el proceso licitatorio sigue su curso regular y se encamina a definir un ganador tras la reciente apertura de las ofertas económicas, la disputa en los tribunales expone fisuras políticas y ruidos en la gestión del proyecto de infraestructura más importante de la administración actual. Las denuncias archivadas provisionalmente apuntaban de manera directa contra el diseño normativo de la Subsecretaría de Puertos y la Administración General de Puertos, vinculando a figuras clave de la conducción económica oficial, como el asesor del presidente Javier Milei, Santiago Caputo y el ministro de Economía Luis Caputo, en el presunto armado de un esquema cerrado de contratación. Aunque la decisión de Comodoro Py despeja el horizonte inmediato para las empresas internacionales que continúan en carrera, el dictamen deja abierta la investigación de fondo, garantizando que el escrutinio sobre la transparencia de la privatización mantendrá su curso en paralelo al avance de las dragas sobre el río Paraná.
