La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha una fiscalización masiva sobre un segmento clave de los contribuyentes en relación de dependencia. Tras un cruzamiento sistémico de datos, el organismo intimó a más de 23.000 empleados de altas remuneraciones tras detectar inconsistencias severas y adulteraciones en la carga del formulario SIRADIG, la plataforma online donde los asalariados informan sus deducciones generales para mitigar el impacto del Impuesto a las Ganancias. La lupa oficial identificó desvíos drásticos, con declaraciones improcedentes que, en los casos más extremos dentro de ciertos rubros corporativos, alcanzaron sumas de hasta 400 millones de pesos.
La maniobra, catalogada internamente en el fisco como un intento generalizado de «inflar» los gastos deducibles, se focalizó en conceptos específicos contemplados por la normativa laboral para fines estrictamente profesionales. Los auditores de la ex-AFIP comprobaron abusos sistemáticos en los ítems destinados a la compra de indumentaria y equipamiento para el lugar de trabajo, así como en los gastos vinculados a la movilidad y los viáticos. De acuerdo con fuentes del organismo, miles de mandos medios y jerárquicos simularon erogaciones de carácter personal —compras de vestimenta civil diaria o traslados particulares— haciéndolas pasar por herramientas e insumos indispensables para el ejercicio de sus tareas en las empresas.
Para los especialistas tributarios y exdirectivos de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, este fenómeno responde a una doble dinámica. Por un lado, la fuerte pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y el «techo» paritario impuesto a los salarios del sector formal empujaron a muchos empleados a buscar atajos informáticos para mejorar de forma artificial sus ingresos de bolsillo. Por el otro, existió una presunción de laxitud regulatoria en el entorno digital de carga. No obstante, los tributaristas advierten que el fisco aplicó de oficio estimaciones basadas en la alícuota máxima del 35% a los contribuyentes observados, independientemente de su escala real, lo que forzará a rectificaciones masivas y al pago retroactivo de los saldos omitidos con sus respectivos intereses.
La ofensiva de ARCA coincide con el despliegue del nuevo esquema de actualización semestral del tributo por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En esta oportunidad, las alertas informáticas saltaron tras el cierre del período de carga complementario, exponiendo que la sofisticación de los filtros fiscales actuales hace prácticamente inviable sostener desgravaciones sin un correlato real en la facturación electrónica de los proveedores declarados. Las empresas, que actúan como agentes de retención obligatorios, ya empezaron a ser notificadas para ajustar las liquidaciones de haberes de su personal jerárquico afectado por la medida de control.
