El Senado de la Nación debate el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa promovida por la administración de Javier Milei que busca rediseñar las reglas de juego sobre el control de la tierra y los bienes inmuebles en la Argentina. Con un texto que sufrió trece modificaciones desde la firma de su dictamen de comisiones el pasado 20 de mayo, la propuesta oficialista se presenta ante la Cámara Alta como una herramienta para dotar de certezas jurídicas a los inversores, aunque su contenido despierta agudas controversias en torno a la soberanía territorial y la protección de recursos estratégicos.
En su búsqueda por consolidar un clima de negocios favorable, el proyecto de ley introduce límites de fondo a la potestad expropiadora del Estado, regulada históricamente por la Ley Nº 21.499. Bajo la nueva redacción, cualquier intento oficial por declarar un bien de utilidad pública deberá someterse a un estricto tamiz de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Asimismo, el texto prohíbe la transferencia de dominio al sector público si no se realiza un pago previo e integral que no solo contemple la actualización monetaria, sino que también cubra el lucro cesante objetivamente acreditado. El blindaje se completa al establecer que el valor del inmueble quedará fijado antes de cualquier anuncio gubernamental, desactivando el riesgo de depreciación inducida por la inminencia del trámite administrativo.
El segundo gran eje del debate parlamentario pasa por la implementación de desalojos sumarísimos. El marco legal proyectado busca facultar a los jueces a dictar la restitución anticipada de un inmueble en un plazo de apenas 72 horas cuando la ocupación sea evidente, requiriendo auxilio inmediato de las fuerzas de seguridad. La velocidad de este procedimiento motivó arduas negociaciones con sectores de la oposición. Como contrapartida, las últimas revisiones en comisión incorporaron la obligación de dar intervención a los organismos del Estado competentes si se ven afectados menores, adultos mayores o personas con discapacidad. Estas entidades deberán coordinar un auxilio habitacional transitorio, aunque la normativa aclara expresamente que la búsqueda de dicha alternativa no detendrá bajo ningún concepto la marcha de la restitución del bien al propietario legítimo.
Sin embargo, el punto de mayor fricción política se concentra en la derogación de las restricciones vigentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Si bien se sostiene el veto para Estados soberanos de otros países, la propuesta elimina de raíz los topes fijados históricamente para personas físicas o jurídicas del exterior, facilitando la libre adquisición de campos y latifundios. Un elemento clave en este esquema es la incorporación del «silencio administrativo positivo»: si el organismo de control del trámite no emite una resolución formal en un plazo de 180 días, la compra de tierras por parte del capital extranjero quedará autorizada de forma automática. Esta desregulación reaviva el debate que se abrió originalmente con el capítulo de tierras del DNU 70/2023 —frenado oportunamente por una medida cautelar impulsada por el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata (CECIM)—, donde la justicia federal advirtió sobre los riesgos latentes de extranjerización de recursos hídricos y soberanía sobre áreas estratégicas.
La reforma también proyecta su sombra sobre el plano ambiental. La iniciativa del Gobierno plantea la derogación de las protecciones de la Ley de Manejo del Fuego, las cuales prohíben cambiar el uso del suelo de terrenos incendiados durante décadas para evitar la especulación inmobiliaria. La anulación de este resguardo clave es intensamente cuestionada por organizaciones ecologistas y bloques opositores, quienes sostienen que la medida liberará incentivos económicos para la quema intencional de zonas protegidas con el único fin de habilitar posteriores desarrollos constructivos o agropecuarios.
Finalmente, el paquete legislativo modifica los criterios de regularización de dominio de la histórica «Ley Pierri» (Ley Nº 24.374), limitando el beneficio de escrituración a vivienda única con la exigencia de diez años de posesión pacífica comprobable, exceptuando únicamente a los pequeños agricultores familiares. Como contrapartida técnica, se proyecta la modernización administrativa del sector mediante la puesta en marcha de una Ventanilla Única Federal y una Red Federal de Publicidad de Inhibiciones, orientadas a la digitalización e integración absoluta de los registros inmobiliarios provinciales con la esfera nacional.
