El escenario político nacional sumará este martes un capítulo de alta temperatura institucional. El senador nacional Francisco Paoltroni presentará formalmente en el Congreso un proyecto de ley que busca declarar la intervención federal de la provincia de Formosa, una drástica medida que propone desplazar a las autoridades locales y disolver de forma temporal el funcionamiento de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de ese distrito.
La presentación oficial está convocada para las 17 horas en el Salón Azul del Senado, donde el legislador buscará instalar de lleno en la agenda parlamentaria el debate sobre la calidad democrática en el territorio formoseño.
Alcance de la medida: destitución y control total
El expediente fundamenta que la finalidad central de la medida es «garantizar la forma republicana de gobierno» en la provincia, amparándose de forma directa en las facultades que otorga el artículo 6 de la Constitución Nacional. De aprobarse la ley, el impacto institucional sería total:
- Poder Ejecutivo: Dispone el cese inmediato en sus funciones del gobernador Gildo Insfrán y de su vicegobernador. Faculta al Poder Ejecutivo Nacional a designar un interventor federal para asumir el control político y administrativo.
- Poder Legislativo: Establece la caducidad inmediata de los mandatos de todos los legisladores provinciales vigentes.
- Poder Judicial: Contempla poner en comisión a todos los miembros del Poder Judicial formoseño durante el plazo que dure el proceso.
El proyecto de Paoltroni estipula un plazo inicial de 365 días para la intervención, con la opción de prorrogarlo por un año más, fijando la obligación de diseñar un plan de normalización institucional que culmine con la convocatoria a elecciones «libres y transparentes» para elegir nuevas autoridades.
Los fundamentos: el desgaste del sistema electoral
En los considerandos de la iniciativa —difundida inicialmente por el medio especializado Parlamentario—, el senador argumenta que Formosa atraviesa una «situación de gravedad institucional» irreversible por vías locales. Apunta explícitamente a la concentración del poder político, el deterioro de la división de poderes y cuestiona con dureza el funcionamiento del sistema electoral de la provincia.
Asimismo, el documento pone el foco sobre la perpetuación en los cargos y la controversia en torno a las sucesivas reelecciones del Ejecutivo provincial, argumentando que la intervención federal debe aplicarse como una herramienta «de última instancia» al haberse agotado los carriles institucionales previos.
