La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra el exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y su exesposa, la conductora Jesica Cirio, sumó un capítulo de máxima tensión. El juez federal Ernesto Kreplak intimó a Cirio a presentarse ante los tribunales en un plazo perentorio de 24 horas con un objetivo preciso: entregar el teléfono celular con el que presuntamente se filmaron imágenes que desataron un vendaval político y judicial.
El detonante de esta medida de urgencia fue la circulación masiva de un video grabado en el vestidor de la modelo, donde se observa una imponente cantidad de fajos de dólares. Fuentes judiciales con acceso al expediente estiman de forma preliminar que la cifra exhibida podría rondar los 10 millones de dólares. Ante la gravedad del hallazgo, el fiscal de la causa, Sergio Mola, solicitó de inmediato asegurar la prueba material antes de que pudiera ser alterada o destruida.
El propósito principal del peritaje tecnológico sobre el dispositivo es extraer los metadatos de las filmaciones originales. Los investigadores buscan confirmar la fecha exacta en que se registraron las imágenes, la geolocalización del dispositivo y descartar cualquier tipo de manipulación digital. En paralelo a esta orden, el juzgado dispuso la realización de un nuevo y exhaustivo peritaje contable sobre los bienes, ingresos y declaraciones juradas de Cirio para contrastar su patrimonio con el caudal de dinero observado en el registro audiovisual.
La causa penal, que se tramita en los tribunales federales de Lomas de Zamora, se inició a finales de 2023 tras el escándalo mediático del viaje de Insaurralde a Marbella a bordo del yate «Bandido». Desde entonces, la hipótesis de la fiscalía se centra en un presunto entramado de corrupción y lavado de dinero, donde la ostentación de bienes de lujo no condice con los ingresos declarados por el exfuncionario público ni por su entorno cercano. Con esta nueva intimación, el expediente ingresa en una fase crucial de verificación técnica que podría redefinir la situación procesal de la conductora.
