En un escenario de máxima tensión política, el oficialismo logró desactivar un frente crítico en el Congreso de la Nación. Mediante una coordinada maniobra de contención, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, consiguió dar de baja la sesión ordinaria prevista para este jueves en el Senado, otorgándole un vital alivio político al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante una inminente ofensiva del peronismo.
La estrategia opositora, impulsada principalmente por el bloque de Unión por la Patria, apuntaba a aprovechar la sesión parlamentaria para proponer sobre tablas (es decir, sin un dictamen previo de comisión) la interpelación inmediata del ministro coordinador. Sin embargo, el verdadero temor en los despachos de la Casa Rosada radicaba en la posibilidad de que la oposición unificara voluntades para votar una moción de censura, un mecanismo constitucional orientado a remover al funcionario de su cargo.
La desactivación de la jornada legislativa requirió de una ingeniería política hilvanada en los niveles más altos del Poder Ejecutivo. Según trascendió, Patricia Bullrich actuó bajo directivas directas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Bullrich fue la encargada de interceder ante la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, para convencerla de postergar el debate parlamentario. Esta decisión de suspender la sesión implicó, de manera colateral, congelar momentáneamente el tratamiento de proyectos de ley sensibles y de alta prioridad para la administración central, como la demorada ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
El origen de la tormenta política que rodea a Adorni se localiza en los tribunales de Comodoro Py. El jefe de Gabinete se encuentra bajo investigación en la Justicia Federal, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito que instruyen el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita (La Nación, mayo de 2026; La Pluma Diario, junio de 2026). La lupa judicial y la indignación de la oposición se profundizaron sustancialmente luego de las explicaciones públicas del funcionario acerca de la evolución de su patrimonio. Adorni intentó justificar movimientos económicos superiores a los 800.000 dólares alegando antiguas inversiones en criptomonedas, argumentando en sede judicial y ante los medios que logró recuperar una billetera virtual que contenía unos 513.000 dólares tras haber «encontrado un pendrive» con las claves (Jujuy Dice; Parlamentario, junio de 2026). Estas declaraciones lejos de disipar las sospechas, unificaron el rechazo opositor por considerarlas inconsistentes e inverosímiles.
El impacto del escándalo no solo aglutinó las críticas externas, sino que además agrietó el frente interno del Gobierno. Si bien Adorni conserva el respaldo irrestricto del presidente Javier Milei, de Karina Milei y del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, su figura ha comenzado a desgastarse dentro del propio oficialismo. Sectores vinculados a la propia Patricia Bullrich y al estratega Santiago Caputo evalúan que la permanencia del jefe de Gabinete acarrea un costo político continuo para la gestión. En los pasillos gubernamentales ya se murmuran posibles reemplazos en caso de un desenlace inevitable, figurando entre los nombres en danza Pablo Quirno, Martín Menem e Ignacio Devitt.
A pesar del freno institucional obtenido en el Senado, la tregua para el oficialismo podría ser efímera. Desde la Cámara de Diputados, la oposición ya trabaja en el armado de una sesión especial programada para el próximo 23 de junio con el fin de forzar la comparecencia del jefe de Gabinete. Aunque en la Cámara Baja el escenario para alcanzar el quórum es considerablemente más complejo para el peronismo y sus aliados, queda en evidencia que el Congreso se ha transformado en el principal teatro de operaciones de una disputa que amenaza la estabilidad del núcleo ministerial del Gobierno.
