La Justicia advirtió a la ex presidenta y titular del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, que podría revocar el beneficio de la prisión domiciliaria que cumple en su vivienda del barrio porteño de Constitución si continúan registrándose manifestaciones que alteren el orden público en las inmediaciones del inmueble.
La intimación fue realizada por el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu, quien le recordó a la ex mandataria la obligación de respetar las condiciones impuestas para cumplir la condena bajo la modalidad de arresto domiciliario.
La advertencia judicial
La resolución se produjo tras los incidentes ocurridos el pasado domingo frente al edificio ubicado en San José 1111, donde simpatizantes realizaron un «banderazo» que incluyó concentraciones masivas y cortes de tránsito en las calles cercanas.
Según la evaluación judicial, estos hechos habrían generado alteraciones en la convivencia cotidiana del barrio y afectado a los vecinos de la zona debido a la reiteración de manifestaciones y a la instalación de estructuras vinculadas a las protestas.
Además, el magistrado señaló que determinadas intervenciones en la vía pública requieren autorizaciones previas por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que algunos de los hechos registrados podrían encuadrarse dentro de infracciones contravencionales.
El rol atribuido a la ex presidenta
Entre los argumentos expuestos en la resolución, la Justicia consideró que Cristina Kirchner tuvo una participación activa en la convocatoria al exhibir una bandera de grandes dimensiones que cruzaba la calle y que estaba sostenida mediante cables entre el balcón de su vivienda y el edificio ubicado enfrente.
Para el juzgado, este tipo de acciones podría interpretarse como una conducta incompatible con las pautas de comportamiento establecidas para el cumplimiento de la prisión domiciliaria.
Posibles consecuencias
La advertencia se apoya en las facultades previstas por el artículo 34 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, normativa que habilita al juez a revocar el beneficio de la detención domiciliaria cuando se verifiquen incumplimientos injustificados de las condiciones impuestas.
En ese marco, Giménez Uriburu dejó asentado que, en caso de registrarse nuevos episodios similares, podría disponerse el traslado de la ex mandataria a una unidad penitenciaria para continuar allí el cumplimiento de la condena.
Hasta el momento, la ex presidenta permanece detenida en su domicilio mientras la Justicia monitorea el cumplimiento de las condiciones fijadas para el arresto domiciliario.
