En un nuevo paso hacia la liberalización y la desburocratización de la economía, el Poder Ejecutivo nacional oficializó la eliminación de 58 normativas ligadas al comercio interior que, según los considerandos de los textos oficiales, generaban ambigüedad regulatoria y una distorsión sistemática en las relaciones mercantiles. La medida, que se instrumentó formalmente por medio de la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026 emitidas por la Secretaría de Industria, Comercio y PyME, se alinea con la doctrina desreguladora que el Ministerio de Economía viene aplicando desde el recambio de gestión, sumando ya más de 240 regulaciones comerciales desactivadas.
El grueso de las derogaciones apunta a estructuras de financiamiento y subsidios que ya habían cumplido su ciclo o presentaban severos cuestionamientos de diseño. Un bloque de 30 resoluciones dio de baja de manera definitiva los andamiajes legales de «Ahora 12» y su posterior reversión, «Cuota Simple«. El argumento oficial señala que estos planes funcionaban como una herramienta de intervención indirecta en el mercado crediticio que terminaba por alterar el flujo natural del financiamiento privado. En paralelo, otra porción sustancial del paquete desregulador desmanteló 22 normas que regían el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA). Este fideicomiso, creado durante la administración anterior para subsidiar la bolsa de harina que llega a las panaderías con recursos provenientes de las retenciones a las exportaciones de soja, era duramente criticado por la cadena agroindustrial debido a las demoras en los pagos y las sospechas de discrecionalidad en el reparto de los fondos.
Por fuera de los subsidios cruzados y los planes de pago, la reestructuración normativa toca de lleno al sector educativo privado de gestión oficial. La eliminación de 4 resoluciones específicas quita de la mesa la obligación que tenían los colegios privados de informar anticipadamente sus aranceles ante la Secretaría de Comercio. De acuerdo con el diagnóstico de las autoridades comerciales de la Nación, esta exigencia burocrática terminaba provocando un efecto adverso al buscado: para cubrirse de los retrasos administrativos, los establecimientos educativos tendían a fijar subas preventivas y arbitrarias, encareciendo las cuotas por encima de las necesidades reales de costos.
Finalmente, el ordenamiento normativo sepultó la última regulación accesoria que quedaba en pie de los viejos programas de «Precios Cuidados» y simplificó la defensa del consumidor. En este último aspecto, se suprimió una norma destinada a consumidores adolescentes que duplicaba canales de atención con las oficinas tradicionales. La justificación de la cartera productiva radica en que la coexistencia de múltiples ventanillas fragmentaba los reclamos, por lo que la unificación de los trámites en una única vía general y especializada promete agilizar las denuncias y optimizar los recursos públicos en un escenario donde el mercado se encamina a regularse bajo sus propias leyes de oferta y demanda.
