La competitividad de la industria automotriz local ha vuelto a quedar en el centro del debate económico, exponiendo las contradicciones del laberinto fiscal argentino. La decisión de la administración de Javier Milei de trazar un cronograma definitivo para la eliminación de los derechos de exportación fue recibida como un fuerte respaldo político y financiero por las terminales. Sin embargo, el festejo del sector fabril expuso de inmediato un histórico reclamo corporativo: el lastre que significan las tasas provinciales y municipales sobre los bienes de alto valor agregado.
El anuncio presidencial de quita de retenciones que publicó Argentina Informa, efectuado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, estableció un sendero de alivio fiscal que llevará la actual alícuota de retenciones del 4,5% a cero en junio de 2027. Desde la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), su presidente, Rodrigo Pérez Graziano, ponderó el impacto de la medida al señalar que la previsibilidad regulatoria resulta una condición indispensable para planificar los exigentes esquemas de producción, inversión e inserción internacional de las marcas radicadas en el país.
Pese al optimismo generado por el diálogo directo con el ministro de Economía, Luis Caputo, y la Secretaría de Industria y Comercio, la cúpula automotriz advirtió que el esfuerzo fiscal del Estado nacional corre el riesgo de ser neutralizado por la presión tributaria del interior. El principal foco de conflicto se traslada ahora a los gobiernos provinciales y comunales, a quienes el sector privado exige la inmediata eliminación de Ingresos Brutos y de las diversas tasas municipales de seguridad e higiene, a las que catalogan de marcadamente distorsivas.
De acuerdo con estimaciones técnicas de la cámara empresaria, el impacto acumulado de estos gravámenes subnacionales encarece hasta un 10% el valor de exportación de las unidades terminadas. Esta distorsión impositiva funciona como una aduana interna que reduce drásticamente los márgenes de competencia regional, principalmente frente a terminales de otros países que operan bajo regímenes de exportación completamente desgravados.
El peso específico de esta industria justifica la urgencia del reclamo. El complejo automotriz se posiciona como el segundo bloque exportador de bienes con alto valor agregado de la Argentina, concentrando el 48% de las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) y representando el 70% de los despachos fabriles con destino a Brasil. Con ingresos anuales estimados en 9.000 millones de dólares y el cuarto puesto global en la producción de pickups livianas, el sector aporta el 8,4% del PBI industrial y explica cerca del 10% del empleo asalariado formal en el ámbito manufacturero.
La encrucijada sectorial se profundiza en un contexto desafiante, marcado por el freno temporal en algunas plantas locales y el cierre de autopartistas ante el avance de las importaciones. En este escenario, las automotrices han ratificado su voluntad de articulación conjunta, pero dejaron en claro que para consolidar el perfil exportador y sostener los puestos laborales no bastará con la reforma de los despachos de Aduana nacionales: la sustentabilidad del modelo industrial requiere también el desarme del entramado fiscal en los territorios de origen.
