En una fuerte apuesta por captar las inversiones del sector tecnológico que definirán el siglo XXI, el presidente Javier Milei presentó una disruptiva estrategia para posicionar a la Argentina como el principal polo de innovación global en Inteligencia Artificial. En un artículo de opinión publicado en el prestigioso diario británico Financial Times, escrito en colaboración con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el mandatario libertario trazó un paralelismo histórico entre la era de la navegación y el presente digital. Su objetivo explícito es ambicioso: lograr que Buenos Aires se convierta para la Inteligencia Artificial en lo que Ámsterdam supuso para el comercio mundial en el siglo XVII, ofreciendo el entorno normativo y fiscal más flexible del planeta.

El núcleo de la propuesta presidencial se sostiene sobre la base del proyecto de «Súper RIGI» enviado recientemente al Congreso de la Nación, una herramienta legislativa diseñada para otorgar fuertes incentivos a las industrias del futuro y la infraestructura tecnológica estratégica. Fiel a su doctrina libertaria, Milei argumentó que el principal activo que ofrecerá la Argentina a los gigantes de Silicon Valley será el compromiso absoluto de mantener a la IA libre de controles estatales, evitando lo que definió como la «mano mortal» de regulaciones prematuras y mal comprendidas que, a su criterio, amenazan con asfixiar la innovación en los mercados de Europa y Estados Unidos. Para el jefe de Estado, así como la Revolución Industrial liberó la fuerza del músculo humano, la era de los algoritmos multiplicará la capacidad del cerebro, exigiendo un marco institucional que estimule la experimentación sin límites burocráticos.

La gran novedad del plan radica en una audaz reforma societaria que busca revolucionar la jurisprudencia comercial tradicional mediante la creación de las «corporaciones no humanas». Se trata de una nueva categoría legal de sociedades anónimas operadas de forma autónoma e independiente por agentes de inteligencia artificial o robots, donde la presencia de accionistas humanos deja de ser una condición obligatoria. El Presidente fundamentó la necesidad de aplicar el principio de responsabilidad limitada a estas entidades debido a que, al ejercer un juicio autónomo en entornos reales e impredecibles, asumen riesgos que requieren protección jurídica propia. Con este audaz giro normativo, el Gobierno busca capitalizar los debates globales en torno a las tecnologías descentralizadas y las Big Tech, consolidando una plataforma legal inédita que tiente a los grandes capitales de la tecnología a mudar sus operaciones experimentales y centros de datos al territorio argentino.

