El proceso de privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay —la autopista fluvial por donde circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas y el proyecto de concesión más ambicioso de la administración de Javier Milei— quedó envuelto en una densa controversia jurídica y política. Un documento reservado elaborado por un comité de especialistas internacionales, al que tuvo acceso el periodista Gabriel Morini de Ámbito Financiero, expone un entramado de presuntas irregularidades, direccionamiento de pliegos, conflictos de interés y falta de idoneidad en las esferas de decisión que empañan la transparencia de la mayor licitación internacional del año.
El informe técnico apunta de manera directa contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), el organismo estatal encargado de fiscalizar y conducir el traspaso al sector privado. De acuerdo con el dictamen de los expertos, la evaluación técnica de las ofertas fue delegada en un comité compuesto por apenas tres miembros que carecían de experiencia previa en materia de concesiones de gran envergadura. Este tribunal administrativo dispuso de un plazo de tan solo dos semanas para analizar y dictaminar sobre cerca de 5.000 páginas de documentación técnica de altísima complejidad. Para los autores del informe, la celeridad aplicada contrasta de forma sospechosa con las seis semanas que demandó la revisión formal del primer tramo de la licitación (el denominado Sobre 1), sugiriendo una «urgencia indebida» orientada a forzar un resultado predeterminado.
El núcleo de la denuncia reside en lo que los especialistas califican como un «simulacro de competencia» diseñado para evitar que el proceso fuera declarado desierto. Según el documento, el comité de evaluación descalificó de manera subjetiva los antecedentes y la experiencia internacional del consorcio DEME en la apertura del Sobre 1, «debilitando sustancialmente la equidad competitiva». Sin embargo, la ANPYN validó los requisitos mínimos indispensables para que esta firma no quedara completamente fuera del juego en esa primera fase. El objetivo de la maniobra, señala el texto, habría sido proyectar una falsa sensación de concurrencia en la apertura del Sobre 2 (oferta técnica y de experiencia). Al verse privada de computar sus credenciales globales, DEME obtuvo apenas 5 puntos en el casillero de experiencia, frente a los 20 otorgados a la alianza Jan de Nul-Servimagnus, otorgándole a esta última una ventaja de 15 puntos que resultó irreversible para adjudicarse la precalificación.
La investigación de los peritos internacionales también desnudó un evidente doble estándar en la ponderación de los antecedentes empresarios. El informe detalla que la ANPYN computó a favor de Jan de Nul-Servimagnus la experiencia en tareas de señalización vial obtenida en el pasado a través de la firma Hidrovía S.A. No obstante, JDN poseía solo el 50% de las acciones en dicho consorcio y las obras operativas habían sido ejecutadas de forma efectiva por la empresa EMEPA S.A. Los técnicos subrayan que, si se hubieran aplicado de forma estricta los rigurosos criterios de validación societaria con los que se evaluó y recortó el historial del consorcio DEME, Jan de Nul no habría superado los requerimientos mínimos del pliego.
A las sospechas de direccionamiento se le añade el establecimiento de barreras financieras de carácter disuasorio que bloquean la posibilidad de dirimir los desacuerdos por vía administrativa. El pliego oficial diseñado por el Gobierno fijó un arancel de USD 10 millones para la empresa que pretenda presentar una impugnación formal contra el resultado de cada etapa licitatoria. Dado que el proceso se compone de tres instancias consecutivas, la garantía exigida para manifestar una oposición técnica trepa a la suma total de USD 30 millones de dólares. El destino de estos depósitos queda bajo la órbita de decisión arbitraria de la propia Agencia de Puertos, la cual tiene la potestad de rechazar el reclamo y retener el dinero. Esta penalización económica, calificada como inédita en licitaciones globales de infraestructura, provocó que competidores internacionales de peso como Boskalis y Van Oord desistieran de entablar cualquier tipo de reclamo legal, consolidando el hermetismo y la falta de transparencia del proceso.
