La relación entre el Gobierno de La Pampa y la administración de Javier Milei sumó un nuevo capítulo de confrontación directa tras las recientes declaraciones del ministro de Desarrollo Social provincial, Diego Álvarez.
El funcionario pampeano expuso la crítica situación que atraviesa el área de discapacidad debido a la interrupción de los flujos de financiamiento provenientes del Estado Nacional, una medida que afecta directamente la ejecución de programas de asistencia y el pago de pensiones no contributivas en todo el territorio pampeano. La denuncia no solo se limitó a las cifras del ajuste, sino que incluyó el relato de un ríspido intercambio mantenido con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, durante una reunión de autoridades del sector.
De acuerdo con el testimonio de Álvarez, el encuentro estuvo marcado por la resistencia de la funcionaria nacional a reconocer la legitimidad de los reclamos provinciales, lo que derivó en un cruce dialéctico sobre el rol que debe cumplir el Ejecutivo nacional en la protección de los derechos básicos. El ministro pampeano lamentó la falta de interlocución y criticó lo que definió como una carencia de sensibilidad oficial frente a la retención de fondos para medicamentos y alimentos, elementos esenciales que hoy permanecen en una zona gris administrativa.
Esta parálisis en las transferencias no automáticas ha forzado a la gestión de Sergio Ziliotto a reasignar partidas presupuestarias propias para evitar el desamparo de las personas con discapacidad, absorbiendo prestaciones que históricamente correspondían a la órbita federal.
El conflicto se inscribe en una disputa política y económica de mayor escala, donde La Pampa reclama por el corte total de la obra pública y el congelamiento de diversos convenios de asistencia social. Mientras desde la Casa Rosada se sostiene una política de déficit cero que incluye el recorte de giros discrecionales, el gobierno provincial advierte que el impacto social de estas medidas está llegando a un punto de saturación.
La falta de canales de diálogo fluidos, según advirtió Álvarez, no solo agrava la incertidumbre de los beneficiarios, sino que profundiza el quiebre institucional entre una provincia que exige el cumplimiento de pactos preexistentes y una Nación que busca redefinir por completo su responsabilidad en la seguridad social.
