La caída de SanCor Cooperativas Unidas Limitada, que supo ser el buque insignia de la lechería argentina, ha llegado a su punto de quiebra formal. Este 22 de abril, la Justicia de Santa Fe aprobó la solicitud de quiebra presentada por la propia cooperativa, luego de que el concurso preventivo iniciado a finales de 2025 resultara insuficiente para contener una hemorragia financiera que sumaba 100 millones de pesos de deuda adicionales cada día.
Con un pasivo que ya arrastraba cerca de 120 millones de dólares, la empresa ingresó en un callejón sin salida tras meses de cesación de pagos que afectaron a proveedores, fisco y, fundamentalmente, a la masa salarial y de seguridad social de sus operarios.
En este escenario de colapso, Héctor Ponce, titular de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), ha tomado una postura proactiva, despegando al sindicato de cualquier responsabilidad en el quebranto y señalando directamente a la administración anterior.
La mirada del gremio se apoya en los antecedentes judiciales de diciembre de 2025, cuando la Justicia imputó a los directivos José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez por el presunto desvío de más de 1.600 millones de pesos destinados originalmente a aportes patronales y seguridad social. Según Ponce, el sindicato no solo advirtió sobre la inviabilidad del modelo de gestión que se venía aplicando, sino que ahora se postula como un actor clave para la supervivencia de las unidades productivas.
Desde la conducción de Atilra sostienen que la organización cuenta con el conocimiento técnico y la capacidad operativa para gestionar una empresa láctea de tal magnitud. El sindicato ya ha iniciado rondas de conversaciones con diversas entidades del sector lácteo para explorar alternativas de continuidad que permitan resguardar los puestos de trabajo y mantener la actividad en las plantas.
Para el gremio, el factor determinante que ha mantenido a SanCor con las persianas abiertas hasta el último minuto ha sido la resiliencia de los propios trabajadores, quienes continuaron operando a pesar de las deudas salariales crónicas y la falta de aportes a sus obras sociales y cajas jubilatorias.
Pese a la gravedad del fallo judicial, el sector gremial interpreta este hito no como la desaparición definitiva de la marca, sino como el cierre de un ciclo de administración deficiente para dar paso a una posible reconversión. El desafío económico es mayúsculo: rescatar una estructura productiva devastada por la falta de inversión y el desmanejo financiero, en un mercado donde la eficiencia es la única garantía de subsistencia.
Atilra apuesta a que su experiencia en el territorio y el apoyo de socios estratégicos logren transformar esta quiebra en el inicio de una nueva etapa cooperativa o de gestión mixta que recupere el valor de la producción láctea santafesina.
