La institución policial de Santa Fe atraviesa horas de profunda crisis tras la salida a la luz de dos episodios que exponen, una vez más, la porosidad de los controles internos y la connivencia de sectores de la fuerza con el delito organizado.
En un hecho sin precedentes por su descaro, agentes de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones, bajo las órdenes del fiscal Hernández, confirmaron el hallazgo de envoltorios de cocaína, marihuana y una balanza digital de precisión ocultos en el interior de un móvil del Comando Radioeléctrico, en la base operativa de Avenida Galicia.
Este descubrimiento no solo sugiere la participación de policías en el tráfico minorista, sino que plantea un escenario alarmante sobre el uso de recursos públicos para el transporte y pesaje de sustancias ilegales en pleno corazón de la ciudad.
Lejos de tratarse de un caso aislado, la mancha institucional se extendió casi en simultáneo hacia la Seccional 8ª, donde una denuncia ciudadana puso al descubierto una matriz de extorsión que terminó con la intervención directa de Asuntos Internos. Según la investigación, efectivos policiales de esa dependencia habrían exigido una suma de dinero en efectivo a un particular a cambio de la restitución de una motocicleta que se encontraba retenida.
La gravedad del hecho motivó que el Ministerio de Justicia y Seguridad dispusiera el relevo inmediato del jefe y el subjefe de la comisaría, en un intento por contener un incendio administrativo que amenaza con salpicar a estratos superiores de la jerarquía.
Estos acontecimientos se inscriben en un contexto de extrema fragilidad para la seguridad santafesina, donde la depuración de las fuerzas de seguridad aparece como una promesa política recurrente que choca con la realidad de los hechos. Mientras la justicia intenta desentramar si el material hallado en el patrullero formaba parte de un esquema de reventa de droga secuestrada o de protección a búnkeres locales, el malestar social crece ante una policía que, en lugar de combatir el crimen, se ve sentada en el banquillo de los acusados.
La caída de la cúpula de la Octava y las detenciones en el Comando Radioeléctrico marcan un nuevo piso en la degradación institucional de una fuerza que lucha por recuperar una confianza ciudadana que hoy parece inexistente.
