En los tribunales de Comodoro Py se suele decir que, para un funcionario público acorralado por su patrimonio, es preferible ser considerado un hábil evasor antes que un sospechoso de corrupción. Bajo esa máxima de la supervivencia política, el jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, ejecutó en las últimas horas una agresiva maniobra de regularización patrimonial que sacudió los despachos oficiales y judiciales. A través de la presentación simultánea de 22 declaraciones juradas rectificativas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, continuadora de la AFIP) y la Oficina Anticorrupción, el ministro coordinador blanqueó la existencia de 506.000 dólares que mantenía en la informalidad («en negro») antes de su desembarco en la Casa Rosada en diciembre de 2023.
La decisión de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, no fue un acto espontáneo de civismo fiscal, sino una respuesta directa al avance de la causa penal que instruye el fiscal federal Gerardo Pollicita en el juzgado de Ariel Lijo. La investigación judicial se originó a partir de una serie de revelaciones periodísticas que expusieron un ostentoso nivel de vida incompatible con los escuetos 24.000 dólares que el entonces vocero presidencial había consignado en su declaración inicial de ingresos.
Entre los hitos que dinamitaron la primera versión oficial de su patrimonio se encuentran la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito (sobre la calle Miró) sin haber vendido previamente su residencia anterior en Parque Chacabuco, y la adquisición de una casa de fin de semana en el exclusivo country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz, por un valor de 120.000 dólares. Sin embargo, el dato que más llamó la atención de los investigadores fue el desembolso en efectivo de 245.000 dólares destinados exclusivamente a refaccionar dicha propiedad de campo —incluyendo la construcción de una pileta de natación con cascada—, una cifra que duplicó el valor de compra del inmueble. A esto se sumaron episodios de fuerte impacto público, como el viaje de su cónyuge a los Estados Unidos integrando una comitiva oficial y un polémico vuelo privado a Punta del Este presuntamente financiado por un productor de la TV Pública.
Para desactivar la imputación por presunto enriquecimiento ilícito, la defensa de Adorni presentará una triple justificación sobre el origen de ese medio millón de dólares preexistente. El argumento central se basará en el mercado de criptoactivos: el funcionario sostendrá que cosechó una ganancia aproximada de 300.000 dólares mediante operaciones con Bitcoins y otras divisas digitales realizadas entre 2013 y 2018, aunque en los registros periciales aún resta comprobar las direcciones específicas de las billeteras virtuales utilizadas. Los 206.000 dólares restantes se atribuirán a una herencia familiar por la venta de un departamento en la ciudad de La Plata que pertenecía a su padre (unos 60.000 dólares) y al ahorro acumulado durante 25 años de desempeño profesional en el sector privado.
El andamiaje legal que le permite al jefe de Gabinete ensayar esta salida descansa sobre las reformas legislativas impulsadas por la propia administración actual. Por un lado, la denominada Ley de Inocencia Fiscal elevó los umbrales de punibilidad de la Ley Penal Tributaria a 100 millones de pesos anuales por cada tributo omitido. Dado que las deudas pesificadas de Adorni quedan por debajo de ese nuevo límite actualizado, la ley le otorga el beneficio de extinguir la acción penal mediante el pago de los impuestos adeudados más los correspondientes intereses punitorios. Por el otro, el matrimonio se acogió de inmediato al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias previsto en esa misma norma, una herramienta que los dispensa de presentar balances patrimoniales hiperdetallados para el ejercicio 2025, donde el funcionario declaró un remanente de 190.000 dólares tras el raid de gastos edilicios y cancelación de adelantos hipotecarios.
Con los papeles sobre la mesa, la estrategia gubernamental busca cerrar el flanco penal argumentando que los fondos son de origen lícito y previos a la gestión, limitando el problema a una mera falta tributaria del pasado. Ahora la pelota está en el terreno de la justicia federal, que deberá determinar si las masivas rectificaciones impositivas son consistentes o si la lupa sobre el verdadero origen del dinero debe mantenerse encendida.
