El ecosistema jurídico y las organizaciones de la sociedad civil reaccionaron con un unánime y tajante rechazo a la última medida de la Casa Rosada en materia judicial. A través del Decreto 467/2026 publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei alteró los mecanismos de transparencia y participación ciudadana vigentes para la nominación de magistrados, recortando drásticamente la capacidad de la población para impugnar o avalar a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar los tribunales federales y la Corte Suprema de Justicia.
La normativa firmada por el jefe de Estado y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, introdujo cambios profundos sobre dos decretos históricos firmados en 2003: el 222 (para miembros del Máximo Tribunal) y el 588 (aplicado a la selección del Procurador General, Defensor General y magistrados inferiores). Con la justificación oficial de agilizar los plazos administrativos ante la «crisis institucional» provocada por las numerosas vacantes en el Poder Judicial, el nuevo andamiaje legal elimina instancias de difusión masiva (como la obligación de publicar antecedentes en diarios de circulación nacional) y desestima criterios de valoración que antes eran mandatos fijos, tales como la diversidad de género, la especialidad jurídica y la procedencia regional de los postulantes.
El impacto en la opinión pública y los sectores profesionales fue inmediato. Diversas organizaciones dedicadas a la transparencia pública, entre las que sobresale Poder Ciudadano, junto a múltiples colegios de abogados de todo el país, alzaron su voz advirtiendo que la flexibilización de estas exigencias representa una grave degradación en la calidad institucional de la República. El malestar escaló rápidamente a los tribunales el mismo día de la publicación: el reconocido jurista y constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó un amparo ante la Justicia Federal solicitando de manera urgente que se declare la inconstitucionalidad de la norma, al considerar que vulnera los estándares progresivos de control social y el acceso democrático a la información en los actos de Gobierno.
Especialistas políticos coinciden en que la medida busca allanar un terreno que le venía siendo hostil al Ejecutivo. Los analistas interpretan que la supresión de estas rigurosas etapas de control social le permitirá a la Casa Rosada evitar la masiva «lluvia de objeciones» que afectó los pliegos de nominaciones previas y acelerar los nombramientos en el Senado de la Nación sin lidiar con los desgastes que impone el escrutinio de la opinión pública. La modificación se produce en un clima de alta tensión interna, caracterizado por complejas negociaciones en el seno judicial y la urgente necesidad política del Gobierno de cubrir vacantes clave en el andamiaje del Poder Judicial de la Nación.
