En una veloz audiencia de apenas dieciséis minutos en la Corte del Distrito Este de Texas, el recorrido judicial de Federico Andrés “Fred” Machado dio el vuelco que sus abogados venían cocinando en las sombras. El empresario argentino, extraditado hace seis meses desde su país natal tras un largo período de detención domiciliaria en la Patagonia, decidió sepultar su estrategia inicial de declararse «no culpable» y enfrentar un juicio oral. En su lugar, firmó un severo documento de aceptación de culpabilidad que, si bien lo coloca a las puertas de una condena de hasta veinte años de prisión, le permite esquivar el fantasma más temido: los cargos por tráfico internacional de cocaína, la acusación original más lesiva que pesaba sobre sus hombros.
El texto convalidado ante el juez de instrucción Don D. Bush expone las entrañas de una sofisticada arquitectura delictiva montada en territorio estadounidense. Machado reconoció formalmente haber liderado una red de estafas a través de sus firmas South Aviation Inc y Pampa Aircraft Financing, con base en Florida. El mecanismo consistía en seducir a inversores y entidades financieras para captar millonarios fondos destinados a la supuesta compra de aeronaves comerciales. El engaño radicaba en que esos aviones, pertenecientes a grandes aerolíneas asiáticas como Air India o firmas privadas en China, jamás estuvieron a la venta. Las transacciones eran un simulacro y el dinero fresco terminaba desviado hacia otros fines, moviéndose en un circuito de transferencias internacionales que la justicia norteamericana tipificó como una clara conspiración para el lavado de activos.
La confesión de Machado resuena con fuerza en los despachos de Buenos Aires, reactivando los fantasmas de la campaña presidencial de 2019. En aquellos días de construcción política, el actual diputado nacional José Luis Espert utilizó los aviones privados del empresario para trasladarse a diversos puntos de la Argentina, un vínculo que en su momento dinamitó sus aspiraciones y lo sumergió en un profundo costo reputacional. El eco de este pacto judicial motivó una vehemente reacción del presidente Javier Milei, quien utilizó sus canales oficiales para denunciar lo que consideró una infame operación mediática del pasado, celebrando que la justicia estadounidense descartara la vinculación de Machado con el narcotráfico. Sin embargo, la lectura oficialista esquivó el núcleo duro de la resolución penal: la explícita admisión del empresario como un artífice del fraude y el lavado de dinero a gran escala.
El destino final de Machado quedó ahora en manos del juez federal de distrito Amos L. Mazzant, quien posee la facultad última de convalidar el acuerdo o rechazarlo si considera que los delitos reconocidos ameritan un castigo mayor. Mientras la fiscalía resalta el historial delictivo de la organización —cuya socia principal ya recibió una condena de dieciséis años—, la defensa del argentino se juega su última carta apuntando a una drástica reducción de la pena efectiva. El argumento central para atenuar la sentencia se basará en el cómputo del tiempo ya servido tras las rejas, sumando los meses de encierro en Oklahoma y los cuatro años previos de arresto domiciliario que el empresario cumplió en la ciudad de Viedma.
El que instaló el interés por la causa de Machado, fue el presidente Javier Milei, quien defendió a Espert y agregó que tiene todo su apoyo debido a que su causa judicial es una cuestión política. Espert debió renunciar a la candidatura a primer diputado nacional en provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre del año pasado.
