El idilio retórico entre el sector industrial y el esquema económico de Javier Milei empieza a crujir bajo el peso de la realidad operativa. En un encuentro de alta tensión política y técnica en el Palacio de Hacienda, la plana mayor de la Unión Industrial Argentina (UIA) le transmitió al ministro de Economía, Luis Caputo, una radiografía cruda sobre el estado de las fábricas. La delegación, comandada por Martín Rappallini y apuntalada por gigantes corporativos como Techint, Stellantis y Ledesma, fue con un planteo unificado: la reactivación económica no solo se está demorando más de lo previsto, sino que el combo de apreciación cambiaria, caída del consumo local y apertura de importaciones amenaza con desmantelar el tejido de las pequeñas y medianas empresas.
Para los industriales, el panorama actual combina lo peor de dos mundos: costos locales en dólares al alza y un mercado interno deprimido. Según los últimos datos oficiales del INDEC sobre la Utilización de la Capacidad Instalada Industrial (UCII), si bien se registró un promedio del 59,8%, la realidad sectorial es profundamente heterogénea. Sectores clave como el textil y el metalmecánico arrastran caídas de dos dígitos en su nivel de actividad y suspensiones de personal, un escenario que contrasta con el optimismo oficial motorizado principalmente por el sector energético y la minería. Ante este diagnóstico, Rappallini le entregó a Caputo una «hoja de ruta» que funciona como un plan de contingencia: suspensión temporal de embargos de la ARCA, flexibilización de cargas patronales para economías regionales y el diseño de un «RIGI Industrial» que replique los beneficios del gran capital para las manufacturas tradicionales.
La respuesta de Caputo reflejó la encerrona fiscal en la que se mueve el Gobierno. Si bien el jefe de las finanzas públicas reconoció la necesidad de abaratar el crédito y prometió avanzar en la reducción de impuestos nacionales a las exportaciones, prefirió desviar la presión hacia los gobernadores e intendentes. A través de sus canales oficiales, el ministro sentenció que la mayor carga que asfixia a la cadena productiva proviene de las tasas municipales y el impuesto provincial a los Ingresos Brutos, un tributo que la misma UIA califica históricamente como uno de los más distorsivos del sistema. Aunque ambas partes acordaron institucionalizar mesas de diálogo periódicas, la reunión dejó en claro que los tiempos del Palacio de Hacienda, obsesionado con sostener el superávit a rajatabla, no coinciden con el reloj biológico de unas fábricas que ya no tienen margen para seguir acopiando stock.
