El sistema de salud pública en el sudeste cordobés se encuentra bajo una presión extrema que ha vuelto a exponer las profundas diferencias políticas y de gestión entre la provincia y el Gobierno Nacional. El gobernador Martín Llaryora lanzó una fuerte crítica a la administración central por la crisis que atraviesan los afiliados de PAMI en la ciudad de Marcos Juárez y su zona de influencia.
El conflicto se precipitó tras el cierre del Sanatorio Sudeste, el único centro privado de segundo nivel que prestaba servicios a la obra social nacional en la región, dejando a más de cinco mil jubilados sin cobertura local y obligándolos a trasladarse más de 120 kilómetros para recibir atención médica básica.
Ante la inacción del organismo nacional, la Provincia decidió implementar un plan de emergencia en el hospital público local para absorber la demanda insatisfecha. La intervención, que demandará una inversión superior a los 150 millones de pesos, contempla la habilitación de nuevas camas de internación, el refuerzo de la guardia central con oxígeno y monitoreo, y la incorporación de personal médico y de enfermería, además de una ambulancia de alta complejidad.
Llaryora fue enfático al señalar que, si bien la Provincia interviene para garantizar el derecho a la salud en vísperas del invierno, esta respuesta es paliativa y no debe eximir al PAMI de sus responsabilidades contractuales con los beneficiarios.
El reclamo del mandatario cordobés se inscribe en una estrategia de diferenciación que busca blindar los recursos provinciales frente a los recortes de la Nación. Al afirmar que «los abuelos no se merecen esto».
Llaryora posiciona a Córdoba como un Estado que asume funciones que el Gobierno Federal ha dejado vacantes, pero advierte sobre el riesgo de un desfinanciamiento sistémico si la obra social de los jubilados no normaliza sus prestaciones. La situación en Marcos Juárez, donde la falta de atención afecta a una población regional de cien mil habitantes, se convierte así en un caso testigo de la tensión entre el ajuste fiscal nacional y la obligación de sostener los servicios esenciales en el territorio.
