La crisis financiera que atraviesa el país ha comenzado a mostrar su cara más cruda en las pequeñas administraciones locales del interior de Entre Ríos. En la localidad de Hernández, departamento Nogoyá, el intendente Luis Gaioli confirmó que el municipio analiza seriamente la venta de terrenos de propiedad estatal como una medida de emergencia para obtener la liquidez necesaria que permita afrontar el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.
La decisión, que ya se encuentra bajo evaluación técnica y política, surge como una respuesta extrema frente a un presupuesto municipal que se ha visto asfixiado por la combinación de una inflación persistente y un retroceso real en el goteo de fondos coparticipables tanto nacionales como provinciales.
Esta estrategia de desprendimiento de activos inmobiliarios pone de manifiesto la precariedad financiera que enfrentan los distritos que dependen mayoritariamente de los recursos externos y poseen una capacidad de recaudación propia limitada.
El proyecto para avanzar con la subasta pública de estos lotes deberá ser remitido al Concejo Deliberante para su tratamiento y eventual aprobación, en un debate que promete ser intenso debido a la naturaleza excepcional de la medida. Desde el Ejecutivo municipal sostienen que la prioridad absoluta es evitar el desdoblamiento del aguinaldo o cualquier retraso en la liquidación de haberes que pueda derivar en un conflicto social con los trabajadores de la comuna.
El caso de Hernández no es un hecho aislado, sino que funciona como un síntoma de una problemática que se extiende por todo el mapa entrerriano. En los últimos meses, diversos jefes comunales han manifestado su preocupación por la imposibilidad de sostener el ritmo de los gastos corrientes frente a ingresos que no logran seguirle el paso al aumento de los costos operativos y de insumos básicos.
Mientras la mayoría de las localidades opta por recortes en horas extras, suspensión de festividades y parálisis de la obra pública pequeña, la propuesta de enajenar tierra pública marca un nuevo nivel de urgencia en la búsqueda de soluciones para garantizar la paz social y el funcionamiento administrativo básico.
