El Gobierno nacional formalizó el envío de una aeronave Hércules C-130H de la Fuerza Aérea Argentina con destino a Bolivia. La iniciativa tiene como propósito brindar asistencia humanitaria para paliar el severo desabastecimiento de insumos básicos y mercaderías que sufren diversos centros urbanos del vecino país, tras más de diez días de cortes de rutas y protestas sociales motorizadas por sectores agrarios y sindicales opositores.
El anuncio formal fue realizado por el canciller Pablo Quirno, quien precisó que la colaboración argentina tendrá un carácter estrictamente logístico y temporal. Según aclararon las autoridades ministeriales tras una reunión en la Quinta de Olivos con el presidente Javier Milei, la Argentina aportará exclusivamente la capacidad operativa del avión de transporte, en tanto que la provisión, carga y distribución de los alimentos e insumos médicos estarán plenamente a cargo del Estado boliviano. El epicentro de los bloqueos se concentra principalmente en el departamento de La Paz, interrumpiendo el tránsito hacia el interior y las fronteras terrestres.
La determinación adoptada por la Casa Rosada se inscribe en un fuerte alineamiento político con la administración del mandatario boliviano, Rodrigo Paz Pereira. A través de sus canales oficiales, el presidente Javier Milei manifestó su respaldo explícito al Ejecutivo democrático del país vecino y denunció la existencia de maniobras orientadas a obstaculizar el normal desarrollo institucional. Las protestas en Bolivia arreciaron debido a reclamos gremiales por la escasez y calidad del combustible, lo que derivó en la renuncia del ministro de Hidrocarburos y encendió las alarmas del sector empresarial por pérdidas millonarias.
Por su parte, los sectores críticos y la oposición boliviana, con expresiones de referentes como el expresidente Evo Morales, cuestionaron la lectura oficial de la crisis. Desde ese arco político se argumenta que las manifestaciones responden de manera legítima a la suba del costo de vida, las deficiencias en la importación de combustibles y la compleja situación macroeconómica, rechazando que las demandas sociales sean catalogadas como atentados contra el orden democrático.
