La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, experimentó una fuerte aceleración que obligó a los tribunales de Comodoro Py a recalibrar los alcances de la pesquisa. El fiscal federal Gerardo Pollicita resolvió expandir el rango temporal de la investigación hacia atrás más de veinte años, ordenando la reconstrucción total de los ingresos de Adorni y de su esposa, Betina Angeletti, desde el año 2002 hasta el presente.
La determinación del Ministerio Público Fiscal responde directamente a la estrategia de defensa pública ensayada por el funcionario nacional. Ante las denuncias por el incremento de sus bienes, Adorni declaró en entrevistas televisivas que su capital inicial se originó tras el fallecimiento de su padre en 2002, momento en que él y su hermano (el actual diputado provincial Francisco Adorni) habrían hallado dinero en efectivo dentro del departamento familiar en La Plata. Según el relato del jefe de Gabinete de Javier Milei, ese capital —que estimó en unos 200.000 dólares— fue la base con la que inició un volumen de «un millón de operaciones» en criptomonedas a partir de 2013, permitiéndole alcanzar un patrimonio invertido de medio millón de dólares.
Sin embargo, las medidas de prueba dictadas por la fiscalía buscan contrastar estos dichos con las constancias oficiales. Del expediente sucesorio de Jorge Adorni, padre del funcionario, surge que este falleció en 2002 dejando un departamento hipotecado en La Plata por una deuda impaga de 22.500 dólares contraída en 1996, la cual derivó en una demanda de ejecución y un embargo judicial. La contradicción bajo la lupa judicial radica en que los herederos recién impulsaron la caducidad de dicho embargo en el año 2018 para subdividir el bien en 2023, lo que genera interrogantes en los investigadores sobre por qué no se canceló la deuda de inmediato si existían fondos disponibles.
Para corroborar la trazabilidad financiera del exvocero presidencial, el fiscal Pollicita solicitó a la ANSES el histórico de recibos de sueldo del matrimonio y requirió copias de la causa donde se analizan los bienes de su hermano Francisco, a fin de verificar si el dinero supuestamente hallado fue declarado formalmente por alguno de los herederos. Asimismo, se libró un oficio clave a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para que informe sobre todas las operaciones de blockchain autorizadas en la Argentina desde el año 2012, buscando determinar si existen registros que respalden las operaciones con criptoactivos alegadas por el funcionario.
El avance de estas pruebas demoró la presentación de un dictamen de requerimiento de justificación de bienes que la fiscalía preveía elevar ante el juez federal Ariel Lijo, basándose en un informe preliminar de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Cabe recordar que en los delitos de enriquecimiento ilícito rige la inversión de la carga de la prueba, por lo que es el propio imputado quien debe demostrar el origen lícito y formalizado de los fondos que sustentan su evolución patrimonial.
