La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un capítulo de alta tensión política y judicial. Rompiendo el silencio tras su declaración testimonial ante Comodoro Py, el contratista Matías Tabar ratificó públicamente que el funcionario nacional le pagó un total de 245.000 dólares en efectivo para concretar una remodelación integral en su vivienda del country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz. De esta manera, el constructor desmintió los intentos del exvocero presidencial por minimizar el costo de los trabajos.
El testimonio de Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, terminó de cristalizar las sospechas que maneja el fiscal federal Gerardo Pollicita. Según el relato del técnico, la obra civil se extendió por casi diez meses, entre fines de 2024 y julio de 2025, transformando por completo la fisonomía de la propiedad sin alterar los planos municipales. Los desembolsos, realizados con billetes de moneda extranjera, incluyeron terminaciones de alta gama con mármol travertino, una renovación completa del mobiliario a medida, reformas estructurales en la piscina y el área de la parrilla, e incluso la instalación de una cascada artificial.
La confirmación del monto no solo impactó en los tribunales, sino que provocó un inmediato sismo administrativo y político. Horas después de la ratificación pública, la Agencia de Regaudación y Control Aduanero (ARCA, continuadora de la AFIP) notificó formalmente a Tabar, exigiéndole que en un plazo de diez días presente sus justificativos de ingresos, facturación y el detalle de las compras a proveedores asociadas a la vivienda del lote 380 de Indio Cuá. Al respecto, el contratista declaró de forma pragmática que la intimación «era de manual» y que se pondrá a derecho como contribuyente autónomo, negando sentirse perseguido.
Puertas adentro de la Casa Rosada, la filtración del expediente generó un profundo malestar en sectores del gabinete que consideran que el margen político del jefe de ministros se encuentra severamente erosionado. A la par de la polémica por el origen de los fondos —cuestionado por dirigentes de la oposición como el exministro de Defensa Agustín Rossi, quien remarcó la asimetría entre el costo de la obra y los ingresos declarados del funcionario—, la causa sumó un derivado informático. En el peritaje del celular de Tabar se detectó que Adorni intentó contactarlo bajo la modalidad de «mensajes temporales» días antes de su citación para ofrecerle la asistencia de su propio equipo legal, una maniobra que el constructor terminó rechazando para evitar sospechas de un libreto unificado.
El devenir de la causa contable y penal quedó bajo la lupa de la opinión pública, mientras el oficialismo debate el costo político de sostener a uno de sus principales armadores comunicacionales en el cargo. La defensa del jefe de Gabinete de Javier Milei insiste en que la vivienda se encuentra debidamente registrada en las declaraciones juradas de su esposa, Bettina Angeletti, argumentando que las discrepancias en las cifras finales corresponden únicamente a formalismos administrativos del rubro de la construcción.
