Las inmediaciones del Congreso de la Nación comenzaron a registrar desde tempranas horas de la tarde una intensa actividad con la llegada de las primeras agrupaciones, colectivos feministas y ciudadanas autoconvocadas que dan vida a una nueva jornada de visibilización y protesta. De esta forma la marcha organizada por el colectivo Ni Una Menos convocó a centenares de mujeres. Al cumplirse once años de la histórica movilización que transformó la agenda pública argentina, el espacio verde que circunda al palacio legislativo se transformó en el epicentro de un reencuentro marcado por la emoción, el recuerdo de las víctimas y la urgencia de las demandas actuales.
Los primeros grupos de mujeres y disidencias, portando carteles artesanales, pancartas y las tradicionales prendas violetas y verdes, desafiaron el pulso habitual del centro porteño para instalar las primeras consignas de la jornada, anticipando lo que se consolidará como una de las convocatorias más masivas del año bajo el lema unificado de vivir libres y sin el condicionamiento de las deudas.
La temprana fisonomía de la plaza refleja la confluencia de diversas generaciones que sostienen el reclamo a lo largo del tiempo, combinando la experiencia de militantes históricas con el activismo de jóvenes estudiantes de escuelas secundarias y universidades que se suman por primera vez a las columnas. A medida que las primeras batucadas comenzaron a sonar sobre las avenidas Callao y Entre Ríos, el ambiente combinó el dolor por los recientes crímenes que conmocionaron al país con la determinación de exigir la plena vigencia de las herramientas estatales de protección.
En medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, distintas agrupaciones feministas y personas que llegaron espontáneamente se congregaron desde media tarde frente al Palacio Legislativo a la espera de la lectura del documento principal, que ya comenzó. “Exigimos la renuncia del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y la destitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez por la desidia organizada del Poder Judicial que la desprotegió y garantizó la impunidad. Este caso sintetiza las violencias institucionales a las que nos somete el Estado”, expresaron.
