Como todos, el presidente Javier Milei no es la exepción, y cada vez se notan más los esfuerzos que hace él, su hermana Karina Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques por controlar la Justicia. Es por eso que ahora, la Casa Rosada ha decidido pisar el acelerador en una de las áreas más sensibles de la estructura institucional del país: el Poder Judicial. A través de una doble estrategia que combina la reforma del Ministerio Público Fiscal y una cobertura masiva de despachos vacíos, el Gobierno busca rediseñar el mapa de la justicia penal y federal antes de que termine el año. El eje central de la iniciativa apunta directamente a modificar el régimen del Procurador General de la Nación, extinguiendo su carácter vitalicio (vigente hasta los 75 años) para reemplazarlo por un mandato temporal y acotado.
Esta decisión del Ejecutivo de limitar las funciones del jefe de los fiscales no es un movimiento aislado, sino una necesidad imperiosa ante el avance del sistema acusatorio. Bajo este nuevo código procesal, los fiscales concentran el control absoluto de las investigaciones penales, lo que convierte al Procurador General en una figura con un poder de supervisión y direccionamiento estratégico sin precedentes. Para evitar la perpetuación de un funcionario en semejante sillón de influencia, el Gobierno baraja opciones que contemplan esquemas de cuatro, cinco o seis años, con posibilidad de reelección. En este escenario, el oficialismo ha comenzado a tejer puentes de negociación con bloques opositores en el Senado, donde ha cobrado fuerza un proyecto de ley de la senadora Carolina Moisés que propone un mandato de ocho años con opción a una prórroga de cuatro, manteniendo la exigencia constitucional de los dos tercios de los votos para su nombramiento.
En paralelo, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, conduce un ambicioso despliegue técnico y político para normalizar el crítico panorama de vacancias que paraliza a los tribunales federales y nacionales, donde los despachos vacíos promedian el 35%. Tras la publicación del Decreto 467/2026 —que modificó el histórico andamiaje de selección del Decreto 222 para suprimir pasos administrativos duplicados e imprimir celeridad al proceso—, la cartera judicial inició una exhaustiva actualización de los antecedentes patrimoniales, fiscales y penales de los postulantes de más de 300 ternas.
La hoja de ruta de la Casa Rosada estipula el envío fraccionado de estos pliegos a la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta en tandas de entre 20 y 30 candidatos por semana. Con esta metodología escalonada, el oficialismo confía en evitar los bloqueos políticos generalizados y asegurar que las designaciones clave en los tribunales federales del interior del país y de la estratégica trinchera de Comodoro Py queden ratificadas antes del cierre del actual período legislativo. Mientras las negociaciones por los pliegos de la Corte Suprema se mantienen en un estricto hermetismo presidencial, el Gobierno apuesta el resto de sus fichas a renovar los cimientos de los tribunales inferiores y asegurar el control operativo del Ministerio Público.
