La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una resolución clave en el conflicto que enfrenta al Poder Ejecutivo con las casas de altos estudios de todo el país. Los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron de manera unánime el recurso extraordinario federal con el que la Procuración del Tesoro pretendía frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Al desestimar la apelación oficial bajo el argumento técnico de que las medidas cautelares no constituyen una sentencia definitiva, el tribunal dejó firme la orden judicial que obliga al Estado nacional a recomponer los fondos del sector.
La disputa legal se originó luego de que el presidente Javier Milei intentara bloquear los efectos de la ley —aprobada por el Congreso Nacional— mediante un decreto que supeditaba la distribución de partidas a la existencia de partidas financieras explícitas. Ante esto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), representado por el abogado constitucionalista Pablo Manili, impulsó una demanda colectiva que obtuvo sentencias favorables en primera instancia por parte del juez Martín Cormick y, posteriormente, la ratificación de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
La resolución del máximo tribunal tiene un carácter «salomónico». Por un lado, bloquea la estrategia de la Casa Rosada de dilatar la aplicación de la norma. Por el otro, evita pronunciarse todavía sobre la constitucionalidad del decreto presidencial (la cuestión de fondo) y devuelve las actuaciones a la primera instancia. El juez Cormick deberá evaluar el impacto del acta acuerdo firmada hace apenas quince días entre el Ministerio de Capital Humano y los rectores, que estableció un incremento de la masa salarial del 24,33% distribuido entre junio y octubre, además de refuerzos para hospitales universitarios y un aumento en las Becas Manuel Belgrano.
El contexto y el impacto económico
Para comprender la magnitud del conflicto, es necesario recordar que la Ley de Financiamiento Universitario exige la indexación automática de los salarios frente a la inflación y la actualización de programas de ayuda estudiantil, como las becas Progresar (congeladas largamente en $35.000). Según estimaciones técnicas reflejadas por Chequeado, para cumplir a rajatabla con los artículos 5 y 6 de la ley tutelados por la cautelar, el Ejecutivo debería convalidar subas adicionales significativas debido al desfasaje acumulado desde diciembre de 2023, lo que representa un impacto fiscal global cercano a los 1,3 billones de pesos.
Desde el ámbito universitario, la resolución fue recibida con entusiasmo. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), coincidieron en declaraciones a Clarín y Página/12 en que el Gobierno ya no posee margen para dilaciones judiciales y debe abonar los haberes conforme a la normativa vigente. Asimismo, especialistas constitucionales advirtieron que desoír la cautelar ratificada podría acarrear responsabilidades penales y sanciones patrimoniales directas sobre los funcionarios responsables.
