La diplomacia financiera del Fondo Monetario Internacional volvió a poner sobre la mesa de la gestión económica local una de sus mayores obsesiones estructurales: la fisonomía del sistema impositivo argentino. A través de la reactivación del denominado Artículo IV, el reporte de mediano plazo que el organismo técnico mantuvo congelado durante años, el staff de conducción formalizó una propuesta de reforma integral que busca reconfigurar de manera drástica la base de recaudación del Estado nacional. El diagnóstico del Fondo califica al esquema actual como un laberinto complejo, altamente distorsivo e inestable, cuya arquitectura atenta directamente contra la competitividad y la formalización laboral. Para revertir esta inercia, los técnicos proyectan un paquete de modificaciones que, según sus estimaciones, podría engrosar las arcas públicas en hasta un 3,3% del Producto Bruto Interno, comprometiendo al Palacio de Hacienda a presentar un proyecto de ley antes de la finalización del corriente año con el aval del presidente Javier Milei.
El núcleo de mayor sensibilidad política e impacto social de la propuesta radica en la profunda reestructuración del Impuesto a las Ganancias. El Fondo advierte que las reformas legislativas aplicadas a finales del año 2023 redujeron la base imponible a niveles mínimos, dejando a menos del uno por ciento de los empleados formales dentro del tributo. A pesar de las correcciones parciales introducidas durante la actual administración, el organismo considera que el piso de exención sigue siendo excesivamente elevado en comparación con los estándares regionales. En consecuencia, la recomendación técnica explicita la necesidad de deprimir ese umbral normativo con el objetivo de lograr que al menos el veinte por ciento de la masa de trabajadores registrados vuelva a tributar, emulando la distribución fiscal que regía en el año 2019. Esta ampliación del universo de contribuyentes, que abarcaría a millones de asalariados y autónomos que hoy se encuentran exceptuados, aportaría por sí sola un flujo neto equivalente al 0,4% del PBI.
En sintonía con este endurecimiento, el reporte posa su lupa sobre el régimen del Monotributo, un sistema que si bien es reconocido por su utilidad histórica para canalizar la informalidad y ampliar la cobertura previsional, es severamente cuestionado por generar asimetrías organizacionales. Para los analistas de Washington, el esquema simplificado consiente una carga fiscal efectiva significativamente menor a la del régimen general, lo que estimula el enanismo fiscal y desalienta deliberadamente la expansión de las pequeñas y medianas empresas debido a los saltos abruptos entre categorías. La receta del Fondo exige alinear de forma inmediata las tasas efectivas y los aportes de la seguridad social con el sistema general, estimando que una fiscalización digital más rigurosa sobre este sector podría reportar hasta un punto entero del PBI en términos de recaudación.
La ofensiva recaudatoria se complementa con una revisión crítica del Impuesto al Valor Agregado, donde el FMI objeta la proliferación de exenciones y alícuotas diferenciadas que benefician de manera uniforme a consumidores de altos y bajos ingresos. La propuesta promueve la unificación de las tasas y la eliminación de las rebajas que hoy alcanzan a alimentos esenciales, sugiriendo reemplazar este beneficio generalizado por un sistema de transferencias monetarias directas focalizadas exclusivamente en los sectores más vulnerables. Toda esta agresiva absorción de recursos en el mercado interno funcionaría, bajo la óptica del organismo, como una suerte de moneda de cambio financiera. El objetivo final declarado es dotar al fisco de la espalda necesaria para proceder a la eliminación paulatina de los gravámenes considerados más lesivos para la actividad económica, tales como las retenciones a las exportaciones agropecuarias y el impuesto a los débitos y créditos bancarios, apostando a que la flexibilización del comercio exterior actúe como el verdadero dinamizador de la economía local.
