La situación judicial del exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, sufrió un quiebre definitivo este viernes. El fiscal federal Sergio Mola presentó un pedido formal de detención ante el juez federal Luis Armella, quien subroga el juzgado a cargo de la causa para el ex intendente y para su ex pareja Jésica Cirio. El requerimiento del Ministerio Público Fiscal se fundamenta en un fuerte avance probatorio que acorrala al exfuncionario por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, delitos que comenzaron a investigarse formalmente a fines de 2023 tras el estallido del denominado «Yategate», cuando salieron a la luz sus lujosas vacaciones en Marbella junto a la modelo Sofía Clerici.
La decisión de Mola se precipitó tras la filtración de grabaciones audiovisuales de alta sensibilidad para el expediente. En las imágenes se observa a su exesposa, la conductora televisiva Jésica Cirio, exhibiendo millonarias sumas de dólares en efectivo ocultas en el mobiliario de un vestidor. A partir de este hallazgo, la fiscalía ordenó realizar peritajes específicos sobre la densidad del dinero para determinar el volumen real de la fortuna que se visualiza. De manera complementaria, los allanamientos ordenados en las últimas horas en propiedades de Cirio, incluido su departamento en el barrio porteño de Palermo, arrojaron el secuestro de dispositivos electrónicos de almacenamiento y el hallazgo de estupefacientes y armas, un hecho derivado de inmediato a la justicia ordinaria por razones de competencia.
A la contundencia de la prueba audiovisual se sumó un testimonio que demolió el andamiaje societario de Insaurralde. El contador de la firma Sasaxa Libero S.A. prestó declaración y admitió ante la Justicia que sus claves fiscales de la AFIP fueron vulneradas para confeccionar balances irregulares. El profesional confesó que rubricaba las declaraciones contables en encuentros informales sin realizar auditorías y reveló un dato clave: la fastuosa chacra del country Fincas de San Vicente, donde residía el dirigente político, fue omitida deliberadamente en los estados contables presentados ante los organismos de control. Con el peligro de entorpecimiento y la gravedad del daño patrimonial acreditados, el fiscal Mola consideró que la libertad de Insaurralde representa un riesgo para la resolución del proceso.
